El Gobierno disolvió la administración histórica de la quinta presidencial para imponer un esquema de mando castrense.
La Quinta de Olivos amaneció bajo un régimen de excepción que retrotrae los fantasmas más oscuros de la historia institucional argentina. De la noche a la mañana, el presidente Javier Milei ordenó el desplazamiento de la totalidad del personal civil que históricamente cumplía funciones en la residencia presidencial —desde cocineros y jardineros hasta personal administrativo de planta transitoria con más de una década de antigüedad— para entregar el control operativo y logístico a la Casa Militar.
La medida, que según denuncias gremiales afectó inicialmente a una decena de trabajadores impedidos de ingresar a sus puestos sin mediar explicación formal, disuelve la Administración General de la Residencia y establece que las fuerzas armadas centralizarán no solo la custodia física, sino también las tareas cotidianas de mantenimiento, un hecho inédito desde la recuperación democrática.
Para justificar una decisión de semejante envergadura, el Ejecutivo esgrimió a través de un comunicado oficial una supuesta “escalada de inseguridad a nivel global” y la necesidad de acondicionar el predio de cara a la visita de tres días que el papa León XIV realizará en noviembre, un preámbulo burocrático que contrasta fuertemente con los rumores y tensiones que sobrevuelan los pasillos de la Rosada.
Mientras los voceros del entorno presidencial intentan desinflar las versiones sobre un supuesto enojo del mandatario ante una descompensación de sus mascotas o la presunta búsqueda de topos por filtraciones de información sensible, el trasfondo económico y judicial asoma como el verdadero motor de la poda.
Sobre la gestión de la quinta ya pesan investigaciones en la justicia federal a instancias de un requerimiento del fiscal Ramiro González y denuncias legislativas que salpican directamente a Karina Milei por millonarias licitaciones de jardinería y mantenimiento direccionadas por 700 millones de pesos.
Con un plazo de sesenta días para completar el traspaso total de bienes y funciones bajo el amparo de la Ley de Defensa Nacional —un escenario donde oficiales como el teniente coronel Velázquez ya desplazan a los antiguos administradores civiles—, el Gobierno blinda el perímetro de Olivos bajo una estructura vertical y militarizada, pulverizando los márgenes civiles de la residencia y abriendo un nuevo frente de conflicto político e institucional.-
