La investigación que desbarató en enero de 2025 una organización acusada de trasladar droga desde Salta a Cuyo vuelve a cobrar relevancia tras la baja de Sandra Mariela Florentín del Servicio Penitenciario de Salta, imputada como partícipe secundaria junto al excomandante mayor de Gendarmería Miguel Ángel Torres, señalado por los fiscales como presunto líder de una estructura que movía cocaína y éxtasis mediante convoyes de vehículos y una logística con distintos roles.
La investigación por una organización dedicada al transporte de drogas entre Salta y Mendoza expuso una trama que involucraba a personas con experiencia dentro de las fuerzas de seguridad. Entre los acusados apareció Sandra Mariela Florentín, quien por entonces prestaba servicios en la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán y a quien la Justicia Federal atribuyó una participación secundaria en el transporte de estupefacientes.
Ahora, meses después de aquella investigación, el Gobierno de Salta dispuso su baja definitiva del Servicio Penitenciario. La medida fue establecida mediante la Resolución Delegada 745 D del Ministerio de Gobierno y Justicia, publicada este miércoles 16 de septiembre en el Boletín Oficial.
El caso permite volver sobre una pregunta central en las investigaciones contra organizaciones narcocriminales: ¿Cómo se construyen estas cadenas y qué ocurre cuando quienes conocen los mecanismos de seguridad aparecen vinculados a ellas?
La causa penal fue formalizada en enero de 2025 ante el juez federal de Garantías N° 1 de Salta, Julio Bavio. En ese momento fueron investigadas ocho personas por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Florentín fue señalada como partícipe secundaria, mientras que los demás acusados fueron considerados, en esa instancia, coautores.
Según la información difundida durante aquella investigación, la organización habría operado durante aproximadamente tres meses con una ruta que comenzaba en Orán y tenía como destino Mendoza. La pesquisa sostenía que la droga era obtenida en Bolivia, acopiada en Orán y posteriormente trasladada hacia el sur del país.
La modalidad investigada mostraba una distribución de tareas. Los investigadores señalaron que los viajes se realizaban mediante convoyes de dos o tres vehículos. Mientras uno transportaba la droga, los otros cumplían funciones de apoyo y podían actuar como vehículos “punteros” para advertir sobre controles o presencia de fuerzas de seguridad.
Ese esquema permitía separar funciones dentro de la operación y reducir el riesgo para quienes trasladaban directamente los cargamentos. La investigación también detectó vínculos entre personas con antecedentes o experiencia en organismos de seguridad.
Uno de los principales acusados fue Miguel Ángel Torres, un excomandante mayor de Gendarmería Nacional. La investigación lo ubicó como presunto coordinador de las operaciones. También quedó involucrado su hijo, Miguel Emanuel Torres Ibba.
En ese entramado apareció Florentín, agente del Servicio Penitenciario de Salta, junto con Daniel Antonio Olivera Serrano, quien había pertenecido a la misma fuerza y había sido dado de baja previamente. Los medios que cubrieron la audiencia de formalización señalaron que Florentín quedó imputada en calidad de partícipe secundaria.
El operativo que terminó con las detenciones permitió secuestrar más de 34 kilos de cocaína y casi un kilo de éxtasis, además de armas, dinero y vehículos, según los reportes publicados tras la investigación. Uno de los procedimientos tuvo lugar en Mendoza, donde fue interceptado un vehículo que transportaba los estupefacientes.
La pesquisa había comenzado meses antes y permitió reconstruir parte de la operatoria que, según los investigadores, conectaba el norte salteño con Mendoza.
La hipótesis de los investigadores era la existencia de una organización con una estructura jerárquica y una distribución de funciones. En ese esquema, no todos los integrantes necesariamente cumplían la misma tarea: algunos podían encargarse de la coordinación, otros del traslado y otros de tareas logísticas o de apoyo.
En paralelo con la causa penal, el Servicio Penitenciario de Salta inició un sumario administrativo contra Florentín luego de su detención, mediante la Disposición 089/25.
La resolución publicada ahora señala que la agente se encontraba en situación pasiva desde el 15 de enero de 2025 y que el sumario concluyó con la recomendación de aplicar un correctivo disciplinario y solicitar su baja.
La medida adoptada por el Gobierno provincial corresponde al ámbito administrativo y disciplinario. La causa por transporte de estupefacientes, en cambio, pertenece al ámbito de la Justicia Federal.
La diferencia es relevante ya que la resolución provincial establece una sanción disciplinaria y menciona la situación procesal que dio origen al sumario, pero no equivale por sí misma a una condena penal. La investigación judicial debe determinar la responsabilidad que eventualmente corresponda a cada uno de los acusados.-
