El fallo también alcanzó al exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y al concejal Aldo Dalmiro Gonza -hermano del Kila-, de la misma administración, señalados por su participación en los hechos investigados.
La fiscal penal Claudia Geria, en representación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante la acusación que finalizó con la condena del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás; y el concejal Aldo Dalmiro Gonza.
Con la sentencia, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal de los imputados en los hechos investigados y resolvió condenar al exintendente Ernesto Fernando Gonza a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua, como autor material de cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todo en concurso real.
Asimismo, se dispuso la revocación de una condena condicional previa que registraba, y la unificación de penas, fijándose en definitiva una pena única de siete años de prisión efectiva, con inhabilitación absoluta perpetua, conforme a lo previsto en el artículo 58 del Código Penal.
En el caso del exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, con inhabilitación absoluta, como autor penalmente responsable de hechos de peculado, también en concurso real.
Por su parte, Aldo Dalmiro Gonza fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, en carácter de partícipe necesario en un hecho de peculado. El tribunal le impuso además reglas de conducta por el término de tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.
En relación a la situación procesal, el tribunal ordenó la inmediata detención de Ernesto Fernando Gonza y Rogelio Higinio Guaymás, disponiendo su traslado a la unidad correspondiente para el cumplimiento de la pena.
Finalmente, se dispuso remitir antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de un testigo que declaró durante el debate, así como otros hechos que podrían revestir carácter delictivo y que surgieron en el transcurso del juicio.
La denuncia contra los exfuncionarios fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien, tras asumir durante su primer mandato, dispuso la realización de una auditoría externa sobre la gestión anterior. El informe final reveló numerosas inconsistencias.
Luego de escuchar los alegatos de las partes y en la etapa de réplicas, la fiscal Claudia Geria reafirmó la solidez del proceso y sostuvo que la investigación y el juicio se desarrollaron con pleno apego a las garantías constitucionales. En ese sentido, recordó que el requerimiento de elevación a juicio fue oportunamente controlado por el juez de Garantías, incluso frente a planteos de nulidad formulados por la defensa, los cuales fueron rechazados, habilitando la continuidad del proceso.
Asimismo, remarcó que la actuación del Ministerio Público Fiscal se encuentra estrictamente regida por el principio de legalidad, descartando cualquier finalidad ajena al proceso. Señaló que las medidas solicitadas —incluidas las penas y los pedidos de restricción de la libertad— responden exclusivamente al cumplimiento de sus deberes funcionales y quedan, en todos los casos, sujetas a la decisión del Tribunal.
En relación a la prueba, indicó que los elementos incorporados durante el debate —documentales, periciales y testimoniales— no fueron desvirtuados por las defensas, destacando que los propios imputados no desconocieron su existencia. Agregó que los cuestionamientos sobre la validez u objetividad de determinadas pericias ya habían sido analizados y resueltos durante el desarrollo del juicio.
Respecto de la calificación legal, sostuvo que fue debidamente fundamentada en sus alegatos, y rechazó las interpretaciones defensivas que pretendieron desvirtuar el encuadre jurídico de las conductas investigadas.
También desestimó los planteos vinculados a supuestos excesos en la actuación fiscal o pedidos de detención, al considerar que carecen de sustento, y reiteró que todas las medidas impulsadas se ajustaron a derecho. En ese marco, recordó además que uno de los imputados registra antecedentes condenatorios, circunstancia que fue considerada en el proceso.
Finalmente, subrayó que la actuación del Ministerio Público Fiscal se enmarcó estrictamente en el cumplimiento de sus funciones legales, conforme a las disposiciones vigentes, y solicitó al Tribunal que valore de manera integral la totalidad de la prueba producida al momento de dictar sentencia.
Cabe recordar que el día anterior, en sus alegatos, la fiscal había solicitado siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Ernesto Gonza, seis años para Rogelio Guaymás y cuatro años para Aldo Gonza, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para los tres imputados. Asimismo, requirió la detención inmediata de los acusados y, en el caso del exintendente, la unificación de pena por registrar una condena anterior.-
