Daniela Murúa y Daniel Espilocín acudieron a la Corte de Justicia ante la falta de resolución sobre la integración del Tribunal que deberá juzgar a Claudio Parisi. Los fiscales sostienen que la demora, que ya alcanza los nueve meses pese a dos pedidos de pronto despacho, provoca un serio perjuicio a la administración de Justicia y afecta el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable.
Los fiscales penales Daniela Murúa y Daniel Espilocín, integrantes de la Unidad creada por Resolución de Procuración N.º 1523/24, presentaron ante la Corte de Justicia de Salta una queja por retardo de justicia, en los términos del artículo 178 del Código Procesal Penal, en la causa seguida contra Claudio Alejandro Parisi y otros por cohecho agravado.
La presentación, dirigida a la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, se refiere a la falta de resolución del trámite vinculado con la inhibición de la jueza Norma Palomo y, en consecuencia, con la integración del Tribunal que deberá llevar adelante el juicio respecto de Parisi.
Como antecedente, el 18 de diciembre de 2025, Palomo, en su carácter de jueza de la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Orán, homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria contra cuatro de los imputados en la causa.
Al quedar pendiente la situación procesal de Parisi, la Unidad Fiscal recusó a la magistrada con el objetivo de resguardar el derecho del acusado a obtener una sentencia de un juzgador imparcial.
Tras sucesivas recusaciones e inhibiciones de distintos magistrados, fueron convocados para integrar el Tribunal y resolver el planteo los jueces de Garantías del Distrito Tartagal Alvarado y Mariscal Astigueta.
También fueron convocados la jueza Soledad Rodríguez y el juez Martocchia, quienes rechazaron la competencia.
Según señalaron Murúa y Espilocín, la Unidad Fiscal había advertido, en un dictamen presentado el 18 de abril de 2026, que la cuestión planteada entre estos últimos magistrados no constituía un conflicto de competencia que debiera ser resuelto por la Corte de Justicia. No obstante, las actuaciones fueron remitidas al máximo tribunal provincial.
En agosto, la Corte de Justicia resolvió que la cuestión de competencia había sido incorrectamente planteada y devolvió las actuaciones al Tribunal para que se resolviera lo relativo a la intervención de Palomo.
De acuerdo con la presentación fiscal, posteriormente Mariscal Astigueta y el juez Gerónimo aceptaron la inhibición de la magistrada. Sin embargo, continúa pendiente la resolución necesaria para completar la integración del Tribunal que deberá llevar adelante el juicio.
Ante esa situación, la Unidad Fiscal presentó pedidos de pronto despacho el 7 de abril y el 7 de septiembre de 2026, al considerar incumplidos los plazos procesales para resolver la integración del Tribunal. Según se consignó en la queja, hasta el momento no se obtuvo respuesta a esas presentaciones.
Claudio Parisi está acusado de cohecho pasivo agravado (dos hechos), incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público, en concurso real. Se le atribuye haber otorgado el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, alias “Oreja”, imputado por tentativa de femicidio, quien fue posteriormente asesinado frente al domicilio donde cumplía dicha medida.
En los fundamentos de la queja, Murúa y Espilocín sostuvieron que la falta de resolución sobre la integración del Tribunal provoca un serio perjuicio a la administración de Justicia, especialmente por tratarse de una causa de relevancia institucional en la que debe resolverse la posible responsabilidad penal de una persona que ejercía una magistratura judicial.
Los fiscales señalaron además que esta situación afecta gravemente el derecho constitucional de acceso a la Justicia y el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, al impedir que pueda realizarse el debate. En la presentación calificaron como injustificado el atraso, que ya alcanza los nueve meses.
Sobre este punto, citaron jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta respecto de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, según la cual corresponde determinar si la actuación de las autoridades intervinientes durante el proceso fue conforme a derecho y, de corresponder, adoptar las medidas pertinentes.
Finalmente, Murúa y Espilocín solicitaron a la Corte de Justicia que haga lugar a la queja, disponga la integración del Tribunal y comunique al órgano interviniente que otorgue urgente trámite a los pedidos formulados, con el fin de posibilitar la realización del juicio.-
