La Cámara Federal concedió el beneficio a Nancy Cordero y Orlando Oris Lovera por su situación familiar. La causa tiene 12 imputados e investiga una presunta red que habría utilizado sociedades y contratos municipales para lavar fondos del narcotráfico y el contrabando.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta concedió la prisión domiciliaria a Nancy Mirta Cordero, exmujer del exintendente de Aguas Blancas Carlos “Conejo” Martínez, y al contador Orlando Oris Lovera, imputados por asociación ilícita y lavado de activos. La decisión se tomó el lunes, durante una audiencia en la que la acusación volvió a exponer operaciones comerciales, contrataciones municipales y movimientos millonarios que forman parte de la investigación.
El tribunal estuvo integrado por Mariana Catalano, quien presidió la audiencia, Alejandro Castellanos y Santiago French. Los jueces revisaron las medidas de coerción impuestas a los acusados y confirmaron el plazo de 60 días dispuesto en la instancia de garantías para la continuidad de la pesquisa.
La investigación, en la que intervienen la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), alcanza a 12 personas. La Fiscalía señala a Martínez como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría utilizado actividades comerciales, sociedades y la estructura municipal para dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando.
RAZONES FAMILIARES
En el caso de Cordero, la Cámara tuvo en cuenta que tiene a su cargo seis hijos menores. Para Lovera, valoró que enviudó recientemente y que su hijo de 16 años había quedado al cuidado de un jardinero.
Respecto del contador, el tribunal también consideró que no existían elementos suficientes para sostener que pudiera destruir pruebas o entorpecer la investigación.
Las defensas concentraron sus planteos en conseguir una modalidad de detención menos restrictiva, más que en discutir las pruebas presentadas por la acusación. Entre las solicitudes tratadas, únicamente prosperaron las domiciliarias de Cordero y Lovera.
El contador Julián Manuel Barreiro ya se encontraba con prisión domiciliaria antes de la audiencia, por lo que ese beneficio no fue concedido en esta instancia.
Martínez, en cambio, continúa detenido en el penal de Villa Las Rosas. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, le había impuesto prisión preventiva por 60 días y ordenado su alojamiento en un pabellón destinado a internos de alto perfil.
CONTRATOS SOSPECHOSOS
Durante la audiencia intervinieron el fiscal federal Eduardo Villalba y representantes de las procuradurías especializadas, entre ellos el auxiliar fiscal Alberto Barbuto. La acusación describió operaciones que habrían permitido incorporar dinero de origen ilícito al circuito económico formal.
Una de las maniobras involucra a una sociedad por acciones simplificada (SAS) vinculada a Lovera. Según lo expuesto, la firma suscribió un contrato por 25 millones de pesos para prestar servicios de transporte a la Municipalidad de Aguas Blancas, pese a que no contaría con la capacidad técnica y operativa necesaria para cumplirlo.
También se mencionaron pagos por 30 millones de pesos en concepto de honorarios profesionales, realizados apenas tres semanas después de la constitución de otra SAS. Los investigadores buscan establecer qué prestaciones respaldaron esos desembolsos y si la facturación fue utilizada para justificar movimientos de fondos.
La hipótesis fiscal describe un circuito con distintas etapas: el ingreso de efectivo a la economía formal, su circulación a través de sociedades y operaciones presuntamente simuladas y la posterior adquisición de inmuebles y vehículos.
Para la acusación, las contrataciones municipales habrían sido uno de los instrumentos utilizados para sostener esa operatoria. La investigación debe determinar qué servicios se prestaron efectivamente, quiénes recibieron los pagos y cuál fue el destino final del dinero.
ANTECEDENTES PENALES
La situación judicial de Martínez tiene antecedentes anteriores a su llegada a la intendencia. En 2013 fue condenado a cinco años de prisión por el transporte de seis kilos de cocaína.
En marzo de 2019 volvió a quedar bajo investigación cuando Gendarmería lo interceptó en la ruta nacional 34, en Santiago del Estero, a bordo de una Toyota Hilux en la que llevaba 100.000 dólares distribuidos en bolsas de nylon.
En aquel procedimiento sostuvo que se dedicaba a la venta de verduras, pero no presentó documentación que justificara el dinero. El episodio derivó en su procesamiento por lavado de activos, dispuesto en 2020 y confirmado por la Cámara Federal de Tucumán en abril de 2023.
En mayo de ese año ganó las elecciones municipales y en diciembre asumió la intendencia de Aguas Blancas.
En la investigación actual, la Fiscalía sostiene que fondos provenientes del narcotráfico habrían sido utilizados para financiar su actividad política y que, posteriormente, la estructura municipal habría servido para canalizar operaciones de lavado.
LOS IMPUTADOS
– Carlos Alfredo “Conejo” Martínez: exintendente de Aguas Blancas. La Fiscalía lo señala como supuesto jefe de la asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Cumple prisión preventiva en Villa Las Rosas.
– Miguel Ángel Martínez: hijo del exintendente. Está imputado como presunto integrante de la red de lavado.
– Jessica Elizabeth Martínez: hija del exjefe comunal. La acusación le atribuye participación en la presunta organización.
– Nancy Mirta Cordero: exmujer de Martínez. Está imputada como presunta integrante de la asociación ilícita. La Cámara le concedió prisión domiciliaria por tener a su cargo seis hijos menores.
– Tamara Tapia: pareja del exintendente. Está acusada de integrar la presunta asociación ilícita.
– Orlando Oris Lovera: contador público. Es investigado por su presunta intervención en maniobras para introducir fondos ilícitos en el circuito formal y por su vinculación con una SAS contratada por el municipio. Recibió prisión domiciliaria por su situación familiar.
– Julián Manuel Barreiro: contador público. La acusación le atribuye participación en mecanismos de bancarización y presunto lavado. Ya contaba con prisión domiciliaria al momento de la audiencia.
– Dimas José “Oso” Ruiz: contador público y excandidato a intendente. Está imputado por su presunta intervención en las maniobras contables. Además, enfrenta una causa provincial por el robo a mano armada a la empresa frutihortícola Abra del Sol.
– Rafael Antonio Aragón Rodríguez: señalado como presunto operador logístico. Se investiga si una carpintería vinculada a él era utilizada como cobertura para préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.
– Emiliano Pascual Ollarzú: imputado como presunto integrante del sector logístico de la organización.
– María Cristina Flores: imputada como presunta integrante de la organización. Se encuentra en libertad con restricciones.
– Mauro Alberto Rojas: acusado de integrar la presunta estructura de lavado. Permanece en libertad con medidas de control.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: EL TRIBUNO
