El fiscal federal Fernando Domínguez pidió indagar a José Luis Espert por lavado de dinero. La causa involucra una transferencia de Fred Machado y maniobras para justificar fondos.
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la citación a indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a una transferencia de 200.000 dólares.
La causa lo relaciona con el empresario Federico “Fred” Machado, señalado en una investigación internacional por narcotráfico y condenado en Estados Unidos por fraude y maniobras de lavado de activos.
De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero en cuestión habría sido transferido desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado en 2020. El total del acuerdo entre ambas partes, según surge del expediente, alcanzaría el millón de dólares.
El fiscal sostiene que parte de esos fondos habrían sido utilizados para dar apariencia de legalidad mediante la adquisición de bienes, entre ellos un BMW, un Lexus y pagos a un fideicomiso identificado como “Dunas”.
La investigación también alcanza a la sociedad Varianza S.A., vinculada a Espert, que según la fiscalía habría presentado documentación contable presuntamente falsa para justificar el origen del dinero.
En paralelo, el contador del exlegislador, Mariano Cosentino, también fue incluido en el pedido de indagatoria por su presunta participación en la registración de los movimientos financieros bajo análisis.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, deberá resolver ahora si hace lugar a los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal.
El expediente judicial se centra en la relación entre Espert y Fred Machado, quien habría brindado apoyo financiero al dirigente liberal durante su campaña presidencial de 2019.
Según la hipótesis fiscal, el vínculo económico entre ambos se habría extendido más allá de ese período, incluyendo el contrato de consultoría invocado por la defensa del exdiputado.
Espert había sostenido públicamente que los fondos correspondían a un acuerdo profesional para asesoramiento en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestiona esa versión al señalar inconsistencias, como la falta de viajes al país centroamericano y la ausencia de evidencia concreta sobre tareas realizadas.-
