Luego de que la Justicia ordenara el financiamiento y recomposición salarial. Argumentan que la normativa que se sancionó es inconstitucional.
El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.
La Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 y la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025, relacionados con el financiamiento y recomposición salarial universitaria. Ante esto, presentaron el Recurso con efecto suspensivo para no tener que comenzar a pagar los fondos de las universidades: en rigor, el plazo límite era hasta las 9.30 horas del día de la fecha, por lo que ya se encuentra en vigor la obligatoriedad de las transferencias.
Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará al Máximo Tribunal. No descartan ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido. Para el oficialismo, hay dos líneas bien marcadas por este tema.
La primera apuesta de envergadura pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional al no determinar de donde salen los recursos para solventar a las universidades.
Por otro lado, ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la administración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos. Pero que semejante costo no representaría un problema. “No hay escenario de déficit, hay que ver de donde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra publica de fondos para las provincias”, grafican. Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley. Aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento de dicha normativa.
Si bien la medida cautelar que ordena financiar a las universidades fue ratificada dos veces en el Congreso, tanto por la sanción como por el posterior volteo del veto que realizó el presidente Javier Milei, en el Gobierno marcan que “es de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento”.
Reiteran que la ley cuestionada (27.795) no estableció fuentes de financiamiento claras y que, conforme a las leyes presupuestarias (Ley 24.629, Ley 24.156 y Ley de presupuesto 27.798), la ejecución de gastos requiere previsión y partidas específicas aprobadas por el Congreso. El Ejecutivo acusa al Poder Judicial de excederse en sus atribuciones al disponer sobre cuestiones de asignación y ejecución presupuestaria, invadiendo la órbita del Legislativo y el Ejecutivo, y reclama la observancia del principio de división de poderes.
“En ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento”, concluyeron. El Gobierno debía empezar ayer a hacer las transferencias hasta que la cuestión judicial se resuelva.-
