La medida fue dispuesta de manera precautoria por el juez federal Julio Bavio ante la detección de presuntos DNI falsos y residencias inexistentes. La investigación podría ampliarse a Salvador Mazza y Los Toldos, en un contexto de alerta por migración ilegal y posibles vínculos con el crimen organizado.
El juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, resolvió excluir del padrón electoral de Aguas Blancas a 2.150 personas, de modo precautorio y provisional. La resolución dictada ayer tiene anexada la lista de votantes a los que se dará de baja.
Para ser reincorporados, deberán promover un reclamo de rectificación o ratificación del domicilio real, acompañado con datos relevantes para su correcta ubicación, como detalles de geolocalización y boletas de servicios, entre otros. Las constancias estarán sujetas a una posterior verificación in situ e informe ambiental.
Los alcances de la resolución, de la que se corrió vista al fiscal con competencia electoral, Ricardo Toranzos, serán comunicados a la Cámara Nacional Electoral, Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Dirección Nacional de Control de Fronteras y al interventor del citado municipio, Adrián Zigarán.
Desde el Juzgado se requerirá a la Secretaría Electoral del Distrito que examine los domicilios que se ratifiquen o rectifiquen, con un análisis exhaustivo y cruces de datos. Otro oficio se librará a Gendarmería para que verifique las residencias declaradas.
La suspensión provisional y cautelar de las cargas, procesamientos e incorporaciones dispuestas el pasado 10 de junio en los padrones de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos se mantendrá hasta tanto se verifiquen los domicilios reales de ciudadanos registrados con términos como “s/c”, “s/n” o el nombre genérico de las localidades.
El expediente se abrió con una denuncia que Santiago Alberdi, apoderado de Juntos por el Cambio, radicó el 22 de octubre de 2023 ante la Cámara Nacional Electoral. A esa presentación siguió una meticulosa investigación dirigida por el fiscal Toranzos.
El pasado 12 de mayo se incorporaron por oficio al legajo dos informes publicados por El Tribuno el 8 y el 11 de ese mes. En el primero, se advirtió que Aguas Blancas, con menos de 4.000 habitantes, tenía 5.692 electores habilitados y se hizo notar que detrás habría una significativa cantidad de DNI argentinos fraguados y falsas residencias. En el segundo informe, en tanto, se remarcó que la bajísima participación (24.64%) que tuvieron las elecciones de mayo en Aguas Blancas, con los controles fronterizos intensificados, reafirmó las sospechas de las irregularidades denunciadas. Dichos informes periodísticos incluyeron datos que la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, aportó en un pedido de investigación.
El caso disparó una gran cantidad de medidas que comprendieron requerimientos de informes a distintos organismos tanto nacionales como provinciales, empresas de telefonía y entidades bancarias.
Con los elementos reunidos, el pasado 10 de junio se dispuso la suspensión provisional y cautelar de cargas, procesamientos e incorporaciones en los padrones de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos. Además, se requirió a Migraciones un informe de los registros de entradas y salidas de un gran número de votantes señalados en una denuncia anónima del 20 de mayo.
Otro paso relevante de la investigación fue un relevamiento casa por casa que se hizo en Aguas Blancas el 9 de septiembre con efectivos de Gendarmería y la Policía de Salta. Esa medida aportó sólidos indicios de más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón del municipio fronterizo con Bermejo.
Migración ilegal y crimen organizado
En la resolución, el juez Julio Bavio resaltó que existen previsiones específicas atinentes a “penar la falsedad en los domicilios declarados”. Agregó que “no es ocioso destacar que la posibilidad de que los ciudadanos generen inscripciones deficientes de domicilios -erróneamente consignados, imprecisos, falsos o incluso inexistentes- se ha visto allanada desde que el Registro Nacional de las Personas dejó de exigir -para la toma de trámites- la acreditación del domicilio declarado”. Ante esa grieta, Bavio juzgó imperioso que el Renaper “considere la pertinencia de reexaminar dicho criterio”.
El magistrado puso de relieve otro aspecto crucial que justifica el “saneamiento urgente” del padrón electoral de Aguas Blancas: la migración transnacional y el crimen organizado, como medida que podría extenderse pronto a otros municipios fronterizos, como Salvador Mazza y Los Toldos, que también tienen una gran cantidad de votantes irregulares denunciados.
Bavio advirtió sobre el “peligro real de que esas deficiencias detectadas puedan ser funcionales a la inmigración transfronteriza de extranjeros”, lo que a su vez “puede constituir el instrumento que les permita obtener beneficios indebidos de diversa índole, al simular el cumplimiento de recaudos sustentados en la mentira, con una descomunal afectación a la fe pública”.
Bavio agregó que, de persistir las irregularidades detectadas, “se avizora un riesgo mucho más grave aún”. Esto es, “dejar lisa y llanamente abierto el camino a la infiltración del crimen organizado”.-
