El eje está puesto en su nivel de vida desde que fue nombrado funcionario público en el CEAMSE en 2016: inmuebles, autos y efectivo en la mira.
Propiedades, vehículos, viajes al exterior y nivel de vida de Claudio “Chiqui” Tapia quedaron en la mira judicial desde ese viernes a partir de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito, que cuestiona la evolución de su patrimonio desde que asumió como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en 2016. Se trata de determinar si existió un incremento patrimonial “apreciable” que no pueda justificarse con ingresos legales, ya sea de manera directa o por medio de terceros.
La presentación se originó en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con Tapia pero por un tema contractual en su rol de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, cargo por el que no percibe salario y que no forma parte de la investigación que abrió el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Tofoni planteó en su denuncia diferencias entre las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia, sus ingresos y la adquisición, venta o registración de inmuebles, vehículos y activos líquidos durante el período bajo análisis. La denuncia ubica el salto patrimonial en 2019.
La investigación -una vez que el juez federal Ariel Lijo resuelva si ordena las medidas que le pidió el fiscal- apuntará al patrimonio declarado por Tapia como funcionario en el CEAMSE. Según la documentación citada por Pollicita, fue vicepresidente del organismo en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y pasó a presidirlo en nombre de la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof desde enero de 2025.-
