La administración municipal de Hipólito Yrigoyen atraviesa una profunda crisis operativa que ha derivado en la interrupción total de servicios eléctricos en dependencias estratégicas. Desde hace más de una semana, sectores clave para el funcionamiento comunitario y administrativo permanecen a oscuras debido a la falta de pago de los suministros, una situación que escaló hasta el retiro físico de los medidores de energía por parte de la empresa prestataria.
Esta parálisis no solo afecta la imagen institucional del municipio, sino que impacta de manera directa en la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, dejando en evidencia una delicada situación financiera en el Ejecutivo local.
Uno de los puntos más críticos se registra en el Complejo Municipal, donde históricamente se desarrollan actividades deportivas, sociales y recreativas. La falta de suministro eléctrico obligó a suspender completamente estas actividades, privando a vecinos y jóvenes del principal espacio de contención social del distrito. La remoción del medidor refleja el nivel de gravedad alcanzado, pasando de una simple mora administrativa a una limitación concreta en el uso de instalaciones públicas.
La crisis también golpea de lleno al Centro de Integración Comunitaria (CIC), edificio que actualmente centraliza gran parte de las funciones municipales. Sin energía eléctrica, el funcionamiento administrativo quedó prácticamente paralizado: no se pueden realizar trámites esenciales como la emisión de licencias de conducir, la gestión de expedientes ni la presentación formal de documentación.
Esta situación coloca a los contribuyentes en un escenario de incertidumbre e indefensión, al no poder acceder a servicios básicos del Estado municipal.
Frente a este cuadro, el Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen debió intervenir de manera excepcional incluso durante su período de receso. Mediante la Resolución Nº 03/2026, el cuerpo legislativo emitió un emplazamiento formal al Departamento Ejecutivo Municipal, otorgándole un plazo perentorio de 72 horas para regularizar la deuda y restablecer el servicio en los edificios afectados.
El documento remarca la gravedad institucional del hecho y advierte que la falta de servicios básicos en dependencias públicas constituye un precedente alarmante, tanto por el impacto en la comunidad como por el deterioro del funcionamiento del Estado local.
Mientras tanto, crece la preocupación entre los vecinos, quienes exigen respuestas inmediatas y soluciones concretas ante una crisis que ya dejó de ser administrativa para convertirse en una emergencia operativa.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: LA 10 DIGITAL
