La investigación de UFINAR desmanteló una banda organizada que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1, dedicada a la comercialización de estupefacientes. A través de intervenciones telefónicas, análisis financieros y allanamientos, se comprobó que los involucrados ingresaban drogas al penal mediante visitas y coordinaban la distribución con los reclusos a cambio de transferencias de dinero. Como resultado, se dictaron importantes condenas de hasta 12 años de prisión.
El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado celebrada en la Sala 3 del Tribunal de Juicio, a cargo de la jueza Gabriela González, y en la que cuatro mujeres y cuatro hombres fueron condenados por comercialización de estupefacientes agravada por cometerse en un lugar de detención. Los acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos.
La investigación, que demandó meses de trabajo, permitió esclarecer la estructura de una organización delictiva que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1, dedicada al ingreso, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes entre internos. A partir de pruebas contundentes obtenidas mediante intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia criminal, vigilancia encubierta y allanamientos simultáneos, la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad de los imputados, quienes recibieron penas de hasta doce años de prisión por comercialización de droga agravada en contexto de detención.
La intervención de UFINAR inició tras detectar movimientos irregulares dentro del penal, donde algunos internos accedían con facilidad a sustancias ilícitas, lo que generó alertas dentro del sistema penitenciario. La investigación permitió establecer la existencia de una red organizada compuesta por dos organizaciones criminales, con antecedentes penales en delitos contra la vida, la propiedad y la salud pública. Ambas, operaban con roles claramente definidos, lo que permitía el ingreso de estupefacientes al establecimiento bajo un esquema de alta planificación.
La maniobra delictiva tenía múltiples ramificaciones y se sostenía a través de una estructura bien definida.
La droga era introducida al penal por personas del entorno de los internos, que burlaban los controles de ingreso. Una vez dentro, la sustancia era fraccionada y distribuida a través de un sistema interno de comercialización, donde los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias electrónicas a cuentas de terceros.
Las intervenciones telefónicas resultaron fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la organización. En numerosas conversaciones, los involucrados coordinaban el ingreso de la droga, pactaban la entrega a los reclusos y establecían mecanismos para el cobro de las transacciones. También se determinó que menores de edad fueron empleados en la gestión y traslado del dinero obtenido a través de las transacciones, lo que implicó la utilización de personas vulnerables en actividades ilegales.
Durante la investigación, en varias oportunidades, se detectaron intentos frustrados de ingreso de estupefacientes, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad dentro de la unidad carcelaria. Sin embargo, la sofisticación del sistema implementado por la organización delictiva permitió que la actividad continuara hasta que la investigación logró desarticular su estructura.
El punto de quiebre para la actividad delictiva se produjo cuando los fiscales de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, solicitaron el allanamiento de siete celdas de la Unidad Carcelaria, 18 viviendas y la detención de los implicados. La medida fue autorizada y se llevó a cabo un operativo de alto impacto con la participación de 120 efectivos, entre ellos investigadores del Departamento de Investigaciones y Criminología (CIF), personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y, por razones de seguridad, efectivos de la División Infantería y GOPAR. Como resultado, se logró el secuestro de sustancias ilícitas, teléfonos celulares utilizados para coordinar las entregas, dinero en efectivo producto de las transacciones y documentación relevante que permitió fortalecer la acusación contra los imputados.
Con base en las pruebas recolectadas, la UFINAR pudo acreditar la participación de los acusados en la actividad delictiva, lo que derivó en las ocho condenas.
Carola Alejandra Campos Arancibia fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por ser considerada partícipe secundaria en la comercialización de estupefacientes, agravado por ocurrir en un lugar de detención. Macarena Beatriz Zalazar o Salazar también recibió una condena de cuatro años de prisión efectiva, pero en modalidad domiciliaria, por el mismo delito y grado de participación. Marta Mariscal Ruiz fue sentenciada en las mismas condiciones, a cumplir su pena en modalidad domiciliaria, aunque en su caso fue considerada coautora material.
Érica Tamara Figueroa, como autora material del comercio de estupefacientes con fines de comercialización, fue condenada a cuatro años de prisión efectiva.
Alan Nahuel Arias recibió una pena de seis años de prisión efectiva por ser autor material del comercio de estupefacientes agravado por haber ocurrido en un lugar de detención. La unificación de su pena se diferirá hasta que quede firme la prisión perpetua que ya le fue impuesta.
Carlos Javier Aparicio fue condenado a seis años de prisión efectiva por el mismo delito. Su pena se unificó con una condena previa de tres años y diez meses, resultando en una pena total de nueve años y diez meses de prisión efectiva.
Neri Julio César Carranza recibió una pena de seis años de prisión efectiva por el mismo delito. Su condena fue unificada con una sentencia anterior de cinco años y dos meses, imponiéndole una pena única de once años y dos meses. Matías Ángel Marcelino Rojo, en una situación similar, cumplirá una pena total de doce años y dos meses de prisión efectiva por la unificación de una condena previa.-
