Después de sobrevivir a un plan de achique, fusión y cierre, el organismo quedó atrapado en una nueva reconfiguración del Estado.
Primero se iba a achicar; luego, se iba a fusionar con otras agencias de Estado; y, finalmente, se iba a cerrar. Pero en la Argentina, donde pocas cosas terminan como se anuncian, nada de eso sucedió. Vialidad Nacional, el organismo rector en materia vial del país, sobrevivió a todo.
Pero, en ese derrotero de destinos inciertos, según confirmó una alta fuente oficial, pasaría al ámbito de la Secretaría de Transporte, una dependencia que hace pocas horas tuvo cambios de mando por decisión del ministro de Economía, Luis Caputo. Así las cosas, una vez más, mudaría su lugar en el organigrama del Estado y dejaría de depender de la deslucida Secretaría de Obras Públicas.
El cambio se daría en momentos en que el jefe del Palacio de Hacienda decidió la salida del secretario de Transporte, Luis Pierrini, pocas horas después de que se publicara una denuncia sobre un supuesto desvío de fondos de los subsidios de colectivos por alrededor de $30.000 millones. Caputo decidió que el reemplazo fuera el arquitecto Fernando Herrmann, un hombre más ligado al mundo de la infraestructura que del transporte.
El fin de Vialidad empezó a gestarse en marzo del año pasado, cuando trascendió el plan oficial. En julio, a pocos días de que se vencieran las facultades extraordinarias que la Ley Bases le entregó a la administración de Javier Milei, mediante el decreto 461/2025, el Poder Ejecutivo dispuso la disolución de tres organismos emblemáticos: la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
En esa norma, además, se estableció que en reemplazo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se creaba la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un nuevo organismo que tendría a su cargo la fiscalización integral de los servicios de transporte terrestre urbano, suburbano y ferroviario en todo el país.
A poco de conocerse y publicarse la norma, el esquema empezó a ser cuestionado. Una semana después de su vigencia, la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el gremio, por considerar que el decreto “establece previsiones que limitan y condicionan el principio de estabilidad en el empleo público, en los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de Vialidad”.
Finalmente, la decisión política para la continuidad de Vialidad la tomó el Congreso. Con el apoyo del peronismo, del bloque que comandaba Miguel Pichetto, de la Coalición Cívica, de parte del radicalismo, y hasta de Ricardo López Murphy, no se aprobó el decreto de necesidad y urgencia que había firmado el presidente Javier Milei. En septiembre, la Casa Rosada firmó la derogación de aquella disolución.
Desde entonces, Vialidad quedó en el mismo lugar donde estuvo. Por caso, dispuso en 2025 de un presupuesto de $664.722 millones, de los cuales, según datos oficiales, llegó a ejecutar el 87%. El resto, no se tocó.
En el Presupuesto 2026, Vialidad tiene una caja que lejos está de aquellos años donde los dólares inundaban los pasillos de la entidad. Para ponerlo en números, el año que viene dispondrá de $659.878 millones, o lo que es lo mismo, US$447 millones, poco menos que nada para mantener una red vial colapsada por el tránsito y destrozada por décadas de desidia y corrupción que tuvo al asfalto, a los funcionarios y a los contratistas como protagonistas.
De aquel monto en pesos, $179.000 millones están destinados a los sueldos del personal, $25.179 millones para bienes de uso (papel, uniformes, etcétera) y $46.676 millones para pagos de servicios, como alquileres o reparación de maquinaria. En resumen, lo que se destina a obra pública serán $394.246 millones, o lo que es lo mismo, US$249,2 millones, una insignificancia para las destrozadas rutas argentinas.
De acuerdo a los datos del Indec, Vialidad cuenta con 4998 empleados, mientras que, cuando asumió Milei, el organismo tenía 5703 dependientes. Ese fue el corte de la motosierra.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: LA NACIÓN
