La exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad, dos empleadas y el hijo de una de ellas serán juzgadas por el delito de concusión. La evidencia indica que en 2022 pedían un retorno de 10 mil pesos a mujeres que ingresaban al plan, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, bajo amenaza de quitarles el beneficio.
La exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, Carla Antonella Cordero, y las empleadas de esa oficina, Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, irán a juicio oral y público como coautoras del delito de concusión agravada -exigir dinero de forma indebida- por su función y por ser cometido para provecho propio, luego de que en la audiencia de control de acusación la jueza de revisión, Mariela Catalano, considerara que hay suficiente evidencia para juzgarlas por el cobro ilegal de sumas de dinero a mujeres que ingresaban al programa Acompañar, financiado por el Estado nacional y destinado a fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
De esta forma, la magistrada hizo lugar al pedido del fiscal federal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, Marcos Romero. La acusación incluye al hijo de la imputada Domínguez, Lautaro Tomás Hurtado, quien no es funcionario público, como partícipe necesario de aquel delito, pues se sospecha que -entre otras conductas- utilizó su cuenta bancaria para recibir los pagos indebidos exigidos a las beneficiarias.
En la audiencia realizada el jueves pasado, la fiscalía ratificó la acusación penal, mientras que las defensas plantearon cuestiones preliminares dirigidas a obtener el sobreseimiento de sus representadas. Con ese objetivo, trataron de controvertir la calidad de las evidencias reunidas por la fiscalía en busca de que la jueza se expida al respecto y cuestionaron la calificación penal.
El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que las evidencias son “fuertes y objetivas”, a la vez que recordó la imposibilidad de avanzar sobre la valoración probatoria en esta audiencia. Remarcó que es adecuado el delito adjudicado a la conducta ilícita desplegada por las personas acusadas.
Al expedirse, la jueza rechazó los planteos defensivos. Sostuvo que la evidencia era suficiente, evitó su valoración y consideró que el peso de los elementos reunidos debe ser debatido en el juicio.
La jueza coincidió con la fiscalía respecto a la traba normativa que impedía evaluar las evidencias en esta instancia, pues la audiencia no es un juicio previo del caso. Respecto de la calificación penal, estuvo de acuerdo con el fiscal, por cuanto es el titular de la acción pública.
Luego, las partes debatieron respecto a las pruebas que serán producidas a lo largo del debate, sin que surgieran discrepancias al respecto. La jueza dictó el auto de elevación a juicio oral y público del caso, por el cual la fiscalía estimó la aplicación de penas de cuatro años de prisión, más la accesoria de inhabilitación perpetua, por tratarse de un delito contra la Administración Pública. En este caso, se recordó que, si bien los acusados eran de la órbita municipal, los fondos administrados provienen del Estado Nacional.
EL CASO
La investigación se inició a raíz de varias denuncias. La primera fue radicada por una beneficiaria el 17 de noviembre del 2022, a la que siguieron la de otra mujer que pidió reserva de identidad, la de un grupo de concejales de Tartagal y la de una diputada nacional por Salta, como también dos actuaciones preliminares abiertas a partir de la cobertura de medios locales y redes sociales.
Bajo directivas del fiscal, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Tartagal de la Gendarmería Nacional avanzó con tareas de campo e inteligencia criminal. La fiscalía, en tanto, sumó otras diligencias: procuró el levantamiento del secreto bancario de los imputados, formuló pedidos de informes al municipio de Tartagal y requirió el allanamiento de los domicilios de las personas implicadas.
Las medidas confirmaron la relación de dependencia de tres de las personas imputadas con la Dirección de Asuntos de la Mujer y Diversidad del municipio de Tartagal desde enero de 2021, incluida la designación de Cordero en calidad de directora.
Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en tanto, se remitió la nómina de 2.489 beneficiarias, entre ellas dos de las denunciantes. También se detectaron integrantes de la propia dirección municipal y de sus familiares, como el caso de los hijos de Domínguez.
Por otra parte, a partir de la información colectada y de las respuestas brindadas por las distintas entidades de contralor, como la exAFIP, el Banco Central y otras entidades bancarias, la fiscalía confirmó la verosimilitud de los sucesos denunciados al constatar que existieron diferentes sumas de dinero transferidas desde beneficiarios del programa -con la periodicidad indicada- a diferentes cuentas bancarias relacionadas con las funcionarias imputadas y a uno de los hijos de ellas, Lautaro Hurtado.
En consecuencia, la fiscalía consideró que Cordero Soria, Domínguez y Robles exigieron dinero en forma ilegítima a diferentes beneficiarias del programa federal como condición para acceder a él, independientemente de que las personas damnificadas estuvieren en condiciones objetivas de obtenerlo.-
Las pesquisas también permitieron establecer que, en caso de que las mujeres sometidas a esta maniobra dejaran de entregar el pago acordado, se les daba de baja el plan. Para ello, se les impedía el cobro tras la alteración de sus datos en el sistema.
De acuerdo con la acusación fiscal, Hurtado hacía de intermediario, pues facilitaba su cuenta bancaria para canalizar la obtención de los pagos ilegales que hacían las beneficiarias del programa de asistencia y ofrecía el acceso al programa a personas de su entorno a cambio de un porcentaje, e incluso llegó a percibir ese dinero indebido en efectivo.-
