Como se preveía, el fiscal general, Eduardo Villalba, formalizó la imputación de graves delitos en contra del intendente de Coronel Juan Solá en el marco de la investigación que lleva adelante, por la cual su hijo, José Migue, ya cumple prisión preventiva junto a David Medina, otro implicado.
En una audiencia que se extendió por una hora, y estuvo dirigida por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la Unidad Fiscal Federal de Salta avanzó ayer a la tarde con las imputaciones que ya había adelantado en torno al robo y contrabando de rieles en el norte de la provincia.
En este caso, el fiscal formalizó la imputación en contra del intendente de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala por los delitos de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario.
Asimismo, le imputó el delito de malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal. Por otra parte, la fiscalía solicitó con éxito el levantamiento del secretario bancario, fiscal y bursátil, al igual que el arresto domiciliario del jefe comunal hasta el 31 de diciembre próximo.
Al iniciar la audiencia, el magistrado identificó al intendente, quien al responder sobre si tenía otra ocupación además del cargo pública que ostenta desde el año 1995, su defensor indicó que solo la de funcionario público. Confirmó ser natal de la localidad que gobierna.
Posteriormente, el juez cedió el turno al representante del Ministerio Público Fiscal, quien aclaró que la citación del intendente responde a una segunda etapa de muchas de la investigación penal que lleva adelante en torno al robo de rieles en el chaco salteño y su posterior contrabando a Bolivia, donde son reducido por cifras millonarias.
Como sucedió el lunes 4 de noviembre, cuando imputó delitos similares a su hijo, José Miguel Gerala y al comerciante David Edilberto Medina, el fiscal repasó los puntos salientes del caso, iniciado en agosto del año pasado a partir de la denuncia de personal de Correo Argentino, entidad que puso en evidencia el envío, a través de encomiendas, de más de 480 cubiertas que eran comercializadas por Medina.
Dado que el mismo ya tenía antecedentes por el delito de encubrimiento de contrabando, es que se focalizó la investigación sobre sus movimientos, a la vez que se dispuso una serie de intervenciones telefónicas, de las cuales se pudo saber que no sólo se dedicaba al contrabando de importación de neumáticos de Bolivia para su comercialización en el país, sino también al contrabando de exportación de material ferroso, en particular de rieles que eran robados del Ramal C-25, en el tramo entre las estaciones de las localidades de Padre Lozano y Morillo.
Es así que, en un nuevo enfoque, las pesquisas se centraron en el robo de rieles, ya que no solo se trata de patrimonio del Estado Nacional, sino también en razón de que el Poder Ejecutivo Nacional prohibió expresamente la exportación de material ferroso.
De las tareas investigativas, se estableció que Medina tenía varios proveedores de rieles robados. Uno de ellos, identificado sólo por las conversaciones que mantenía con el comerciante, afirmó de manera contundente contar con una gran estructura para el saqueo de los rieles e incluso podía asumir el traslado del material robado a un galpón de calle Alberdi al 900, en Orán, donde eran acopiados.
En julio pasado, en tanto, la fiscalía recibió una denuncia que sindicaba al hijo del intendente como el principal responsable del saqueo de rieles, lo que se confirmó al cotejar su número de teléfono con el proveedor que hablaba insistentemente con Medina para avanzar con la maniobra, al punto tal que aseguró contar ya con varios rieles sustraídos de los pueblos de Pluma de Pato, Dragones y Morillo.
Recordó que la maniobra se completaba a través del paso de los rieles robados por fincas privadas, ubicadas en el límite fronterizo, cuyo fondo colinda con el vecino país de Bolivia, donde el material es recibido por compradores que previamente se contactan con Medina y acuerdan los valores de la transacción ilícita.
Infraestructura
En consecuencia, la investigación avanzó sobre el hijo de Gerala, pudiéndose comprobar que la infraestructura de la que hacía gala era, en realidad, propiedad del municipio. En ese sentido, el fiscal sostuvo que los Gerala se valieron de las herramientas, maquinarias de corte y hasta el grupo electrógeno del municipio para concretar el delito.
Incluso señaló que los rieles robados, en parte, eran resguardados en predios de la municipalidad y hasta en la casa del propio intendente, desde donde se secuestró 15 rieles, valuados en la suma aproximada de 19 millones de pesos, durante los allanamientos realizados en los primeros días del mes.
En función de ello, la fiscalía sostuvo que el intendente tuvo una participación necesaria, ya que aportó el material necesario para el robo de los rieles, incluso vehículos. Explicó que los acusados se valían de la mano de obra de integrantes de comunidades originarias de la zona, quienes reconocieron su participación ilícita promovida por el hijo de Gerala.
El fiscal, en este punto, volvió a resaltar el peso de la estructura de poder de la cual se valía esta organización delictiva. En ese marco, aseguró que, sin el aporte del intendente, las maniobras no se podían llevar adelante, pues el mismo ejerce una gran influencia en los pobladores, ascendencia que deviene de la perpetuidad en el cargo político que ejerce.
Comparó el accionar con el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, siendo el móvil, en ambos casos, la codicia y el desprecio por los bienes del Estado, lo que se agrava dada el carácter de funcionario público que ostenta, lo que impide la posibilidad de darle acceso a una salida alternativa en el proceso penal en curso.
Por último, y al momento de referirse a las medidas de coerción, el fiscal no anduvo con rodeos y solicitó el arresto domiciliario del intendente, en razón de los riesgos procesales, sobre todo porque podría incurrir en el entorpecimiento de la investigación penal, como, por ejemplo, influir negativamente en los testigos.
Resaltó, en este sentido, el condicionamiento que impone su sola presencia entre los vecinos, lo que pone en riesgos ciertas medidas, entre ellas una serie de entrevistas que restaña aún cumplimentarse en la zona. Por otra parte, y dada la escala penal de los delitos imputados, sostuvo que el mínimo de la pena que podría recaer en el intendente sería de 5 años, por lo que la ejecución condicional queda excluida.
La defensa, a cargo del abogado Darío Palmier, no objetó la imputación penal, pero si se opuso al arresto domiciliario. Sostuvo que su cliente estuvo a derecho en todo momento y, entre otros argumentos, descartó que vaya a entorpecer la investigación.
Gerala, quien en primera instancia había declinado declarar, se retractó y pidió hacer una manifestación. En la misma negó de manera rotunda las acusaciones y aseguró que demostraron su inocencia, a la vez que rechazó cualquier vinculación del municipio con los hechos imputados.
A la hora de resolver, el magistrado consideró que, de las pruebas reunidas, el intendente Gerala hizo un aporte importante en la ejecución de la maniobra delictiva. Sobre el arresto domiciliario, también compartió la postura de la fiscalía, pues es más que evidente el hecho de que el acusado tiene demostrado un arraigo muy fuerte en la zona con casi 30 años como intendente, con excepción de cinco que fue diputado.
Concluyó que en poblaciones como la de Coronel Juan Solá, la intendencia es el núcleo funcional en torno al cual gira el municipio. Manifestó que ya no se puede permitir que se condicione a la gente por un interés político representado, en este caso, por el acusado.-
