Un fallo del juez Lucas Taboada restringió el trabajo de una empresa periodística. La denuncia la presentó el jefe de los fiscales, Edmundo Jesús Jiménez, al considerar que hubo una “campaña de hostigamiento” en su contra.
En una controversial decisión de censura previa, un tribunal de Tucumán dictó una medida cautelar que impide al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a los trabajadores de la empresa a realizar críticas a jueces y fiscales.
La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán a que el canal, sus periodistas, productores y conductores difundan por televisión, radio, plataformas digitales o redes sociales contenidos que “directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación” de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados provinciales. Es decir, no podrán realizar críticamente el desempeño del Poder Judicial de Tucumán. Y se advierte que incumplir será penado “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.
El fallo, con fecha del 4 de noviembre, atendió una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC, por un supuesto “entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional” por la labor periodística.
El conflicto de fondo apunta al malestar que generó en el jefe de los fiscales tucumanos que, en un marco de recientes entrevistas, opiniones y coberturas en programas que se emiten por la señal de CCC, se cuestionó la actuación de los fiscales que responden a Edmundo Jiménez en diversas causas de trascendencia pública.
Consultado por la prensa sobre la decisión judicial, el gobernador Osvaldo Jaldo respondió: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”.
Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa”. “Tienen la vía judicial que, como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.-
