La mujer perdió a su hijos en 2021 en Colonia Santa Rosa. Ella había salido a realizar unas compras y dejó la casa con llave, en el momento en que se desató la tragedia.
El Tribunal de Juicio Sala 1 del Distrito Judicial Orán resolvió el sobreseimiento total y definitivo de Mercedes Yolanda Vargas, quien había sido imputada por “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” tras el incendio en el que murieron sus dos hijos en 2021. El fallo se basó en el criterio de “pena natural”, argumentando que la madre ya sufrió la peor condena posible.
El 9 de febrero de 2021, Vargas, de 26 años, salió a comprar alimentos en la ciudad de Colonia Santa Rosa, dejando a sus hijos, Melani Tarifa Vargas (6) y Thiago Tarifa Vargas (4), dentro de la vivienda, con la puerta cerrada con llave. Mientras realizaba la compra, le advirtieron que su casilla de madera se estaba incendiando. Cuando regresó, el fuego ya había consumido por completo la vivienda, y sus hijos habían perdido la vida. Posteriormente, la investigación determinó que el incendio fue causado por un desperfecto eléctrico en una zapatilla de enchufes.
A pesar de la imputación inicial contra Vargas, el tribunal consideró que someterla a juicio y una eventual condena sería innecesario e inhumano, dado que ya había sufrido un daño irreparable. El fallo se apoyó en el concepto de “pena natural”, reconocido por la jurisprudencia, que establece que cuando el autor de un delito sufre una consecuencia gravísima derivada del hecho, la imposición de una pena formal puede resultar desproporcionada.
El tribunal citó principios del derecho penal como proporcionalidad, humanidad y equidad, y argumentó que la finalidad de la pena es la comprensión y el respeto por la ley, algo que en este caso ya no tenía sentido exigir. Además, resaltaron que la mujer se encuentra en un estado de profundo daño emocional y psicológico.
Resolución final
Con base en estos fundamentos, el tribunal dictó el sobreseimiento total y definitivo de Mercedes Yolanda Vargas, resolviendo que no corresponde una sanción penal en su contra. El fallo ha generado debate en el ámbito judicial y social, al plantear la difícil cuestión de hasta qué punto el derecho debe intervenir cuando una persona ya ha sido castigada por la propia tragedia que vivió.
El reclamo social
La decisión judicial se da, luego de varias movilizaciones, con organizaciones sociales y referentes sociales que denunciaron que Vargas fue víctima del sistema, más que responsable de una tragedia.
Al respecto, la dirigente de Política Obrera, Violeta Gil, sostuvo que la Justicia “se vio obligada a retroceder en su intento de condenar a Yolanda”. Gabriela Jorge, también referente del movimiento, calificó el fallo como “una victoria política contra las arbitrariedades del sistema judicial”, aunque remarcó que sigue sin señalarse la responsabilidad del Estado y del poder económico en las condiciones de vulnerabilidad en las que ocurrió la tragedia.
Desde el inicio del proceso, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos han denunciado que la imputación de Vargas evidenciaba una política de criminalización de la pobreza, al responsabilizar a una madre en situación de vulnerabilidad extrema por un hecho derivado de condiciones habitacionales precarias y la falta de acceso a servicios básicos.
Con el fallo de sobreseimiento, “el caso deja expuestas las falencias del sistema judicial y social, que, durante cuatro años, sometió a Vargas a un proceso que terminó reconociendo su inocencia, pero sin reparar el daño que sufrió”, advierten.-
