Aunque no está confirmada la forma, la reducción de personal es una de las acciones a seguir; hay resistencia en los gremios.
Pese a los rechazos que cosechó tanto en la Justicia como en el Congreso, el Gobierno buscará continuar con lo que internamente llama el proceso de “transformación” en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y avanzar en un recorte de hasta 1700 trabajadores a través de retiros voluntarios. Según confirmó una alta fuente al tanto del tema a este medio, la iniciativa apunta a “alinear al instituto a los estándares de eficiencia del Estado”. El personal del INTA es de 5822 trabajadores.
La iniciativa, que hasta hace cuatro meses estaba trabada por la resistencia interna y el freno en los ámbitos mencionados que tuvo un decreto de reforma, plantea una revisión completa de la estructura del organismo. Ese proceso podría llevar al cierre de centros de investigación que, según puntualizaron en el Gobierno, no justifican su infraestructura o no están aportando resultados acordes a lo que demanda la producción.
Fuentes oficiales dijeron que el ente “hoy sigue operando con una estructura pensada para la matriz productiva de hace medio siglo”. Este proceso, señalaron, podría implicar adaptar al organismo a “cosas que sobran”, pero también otras nuevas que falten. “No es únicamente una agenda de cierre lo que se propone”, afirmaron. Detallaron que buscan adecuar el INTA a las tecnologías actuales del sector agropecuario. Aunque la apertura de los retiros voluntarios aún “no está confirmada”, la intención de reducir la plantilla sigue firme.
Según Apinta, el gremio del INTA, al asumir el gobierno de Javier Milei había 6600 trabajadores, mientras que hoy la cifra descendió a 5822. “Ha habido un gran número de gente que se ha ido, por lo cual entendemos desde el sindicato que no es factible ni un proceso de retiro voluntario ni los pases a disponibilidad, porque si no el INTA estaría en riesgo importante de funcionamiento”, expresó Mario Romero, secretario general.
El temor de los trabajadores es por haber escuchado en diferentes momentos al presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, quien en sus recorridas por las estaciones experimentales afirmó que “el INTA tiene que funcionar con menos gente que la que tenía”.
Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicó: “Desde que asumió este Gobierno la planta se redujo un 17% cuando pedían inicialmente un 15%. Entre bajas, retiros voluntarios, cesantes, renuncias y jubilaciones, suman 822”.
Boedo afirmó sobre el nuevo Consejo Directivo, que integran las entidades del agro: “Están alineados directamente con el gobierno nacional. Se viene otro diciembre negro para los estatales, particularmente para nuestro organismo queriendo implementar el plan inicial que frenamos en la Justicia y en el Congreso, de despidos y entrega de tierras en todo el país. Nos quieren achicar y siguen trayendo gente de afuera para ocupar cargos jerárquicos, sin previo concurso que es como viene funcionando históricamente el INTA hace 70 años”.
En la última reunión del Consejo Directivo, que estrenó el mes pasado nuevos integrantes, se confirmó que se trabaja en una agenda de revisión de estructuras, aunque sin aprobaciones concretas. El nuevo esquema de trabajo del Consejo Directivo contempla que los consejeros que representan a las distintas entidades se “distribuya en macrorregiones” para mantener contacto directo con el interior, un punto que Romero destacó como positivo porque puede ayudar a subsanar una “desconexión bastante importante”, y que influye a la hora de tomar decisiones.
En el INTA se menciona un conflicto en la estación experimental del AMBA en Castelar. Aunque el Gobierno plantea su cierre, desde el gremio aseguraron que no pueden avanzar con ningún procedimiento administrativo debido al amparo vigente dictado por la jueza Martina Forns de San Martín. Actualmente, quedan alrededor de 30 trabajadores sin traslado, quienes serían reubicados en otros institutos del predio.
Otro de los temas más sensibles en el INTA es la venta de tierras del organismo, que parece haber encontrado un freno en las provincias. “En el interior, los consejeros no están dispuestos a entregar tierras del INTA. Por ahí es un resguardo para el capital patrimonial”, señaló Romero, quien afirmó que cualquier decisión sobre tierras nuevas para la venta deberá definirse en las regiones, lo que “va a garantizar de que no salga nada”.
Entre otros puntos, y de acuerdo con la información gremial, en 2026 habrá un 30% más de presupuesto asignado respecto a 2025, una cifra que consideran insuficiente. “Vamos a tener un presupuesto muy acotado, seguramente en el transcurso del año tendrán que hacer gestiones para ampliarlo si quieren un INTA funcionando”, alertó Romero.
Vale recordar que hoy el Consejo Directivo del INTA está integrado por representantes del Estado y de organizaciones del sector agropecuario y del ámbito académico. Incluye a Nicolás Bronzovich (presidente) y Carlos Alberto Vera (vicepresidente) en representación del Gobierno, y a varios vocales como Gustavo Tettamanti (Federación Agraria Argentina), Juan Manuel Bautista (Sociedad Rural Argentina), Jorge Omar Dutto (Facultades de Agronomía), Martín Tuculet (CREA) y Juan Patricio Hutak (Coninagro). Falta la designación de Confederaciones Rurales Argentina, cuya terna ya fue enviada por la entidad, pero no ha sido elegida por el Gobierno.-
