La iniciativa obtuvo 40 adhesiones y 31 rechazos, tanto en la votación en general como en particular. Se abstuvo la neuquina Julieta Corroza. Los legisladores del interbloque kirchnerista Lucía Corpacci y Sergio Uñac acompañaron a libertarios y dialoguistas. Del último sector, varios se dividieron.
En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó esta noche una serie de cambios a la ley de glaciares y la definición de este proyecto queda ahora en manos de Diputados. Al momento de la votación en general y en particular, la iniciativa en cuestión recibió 41 adhesiones y 31 rechazos -se abstuvo la neuquina Julieta Corroza-, con un texto que dividió a varias bancadas, excepto La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich.
Como se suponía, los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron el plan de la Casa Rosada, así como los recién escindidos del kirchnerismo -tras meses de amenazas berretas y penosas operaciones- Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).
Un artículo observado por algunos espacios fue el séptimo del despacho -recibió correcciones horas atrás-, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, la cual estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno mileísta para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.
En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas, por sobre el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En el recinto, varios opositores advirtieron que el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea, que fue sancionado por la Cámara alta antes de la compulsa sobre glaciares.
