Rechazaron el último recurso de la expresidenta para resistir la entrega de sus propiedades a la justicia para cumplir la condena por el caso Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los recursos extraordinarios de la familia Kirchner, y de Lázaro Báez, a través de los cuales buscaban suspender la ejecución patrimonial ordenada en el marco de la causa Vialidad. El decomiso busca recuperar 685.000 millones de pesos, cifra que representa el fraude cometido.
A través de una resolución de 14 páginas, a la que accedió Clarín, la Sala IV de la Cámara de Casación se confirmó de manera definitiva la ejecución de 111 bienes muebles e inmuebles que en su gran mayoría son propiedad de Lázaro Báez y en segundo término, de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
Con la decisión de los camaristas, de rechazar los recursos extraordinarios contra el decomiso que en noviembre del año pasado resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), se le dio firmeza a la ejecución patrimonial.
Estos recursos extraordinarios se opusieron a la última resolución de la Sala IV del máximo tribunal penal, que confirmó el criterio aplicado por el TOF 2 -responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad-. Esto es: una vez actualizado el monto de la maniobra defraudatoria perpetrada a través de la obra vial pública, entre los años 2003 y 2015, se determinó que los nueve condenados de forma solidaria respondan con sus respectivos patrimonios.
La cifra total a cubrir es de 685.000 millones de pesos y a la fecha, la primera instancia de bienes a decomisar solicitada por el fiscal general Diego Luciani y su par Sergio Mola, incluyen 111 bienes, de los cuales 80 están bajo la titularidad de Lázaro Báez, 1 a título personal de Cristina Kirchner y 19 escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner.
El voto de los jueces de la Casación, fue unánime respecto al patrimonio de Cristina Kirchner, con una disidencia respecto al avance sobre los bienes inscriptos a nombre de los hijos de la ex Presidenta, donde desde un comienzo, el juez Borinsky se mostró en desacuerdo.
Sin embargo, la ex mandataria junto a Florencia y Máximo Kirchner, podrán ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia. Fuentes judiciales explicaron a Clarín que, de todos modos, ese proceso “no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de bienes”, lo que convertiría en definitiva la decisión de quitarle a la familia Kirchner 20 inmuebles para así, reparar el daño cometido a través de la maniobra defraudatoria investigada en el caso Vialidad.
En su momento la Sala IV, había determinado que la maniobra investigada, involucró un esquema complejo, prolongado en el tiempo y con “resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz y a un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner, a través de negocios compartidos durante los años en que se ejecutó la maniobra criminal”.
El voto mayoritario compuesto por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña respecto de los recursos de Lázaro Báez y de Máximo y Florencia Kirchner sostuvo que los recursos no “demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte Suprema”.
En ese sentido se señaló que los “agravios planteados por las defensas remitían principalmente a cuestiones de derecho común vinculadas con la interpretación” de cómo llevar adelante el decomiso de bienes. Nada de ello, entendieron los magistrados, “habilita la instancia extraordinaria”.
Bajo esta línea argumental, se afirmó que la sentencia cuestionada había dado una respuesta “extensa, fundada y razonada” a los planteos formulados por las defensas y que las impugnaciones “sólo reflejaban discrepancias con el criterio adoptado sobre el alcance del decomiso y el estándar probatorio aplicable”.
Es decir: el desacuerdo inicial ya fue resuelto en el fallo anterior que avaló la decisión del TOF 2 cuando ordenó avanzar con la ejecución patrimonial para dar inicio a otra de las consecuencias directas del cumplimiento de una condena por corrupción: recuperar parte de lo robado.
Fue el juez Hornos quien, una vez más, indicó que el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto “busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes”.
En adhesión al voto del magistrado, también se pronunció Barroetaveña quien consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar “desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales”.
Motivo por el cual, el juez entendió que “no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema”.
Por su lado el juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Fernández de Kirchner, pero mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.
Al momento de explicar su criterio, el magistrado expresó que debía concederse parcialmente la instancia extraordinaria respecto de determinados bienes alcanzados por el decomiso.
En particular, sostuvo que existían “cuestiones federales suficientes en relación con algunos inmuebles de sociedades vinculadas a Báez y respecto de los departamentos ubicados en Mitre 535 y los lotes correspondientes al complejo Los Sauces, vinculados a Máximo y Florencia Kirchner”.
Una decisión importante que tomó el Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad, fue consolidar el lapso en el que se cometió el delito, lo que como consecuencia despeja qué bienes puede ser alcanzados por el decomiso, es decir aquellos incorporados al patrimonio durante el tiempo que duró la maniobra delictiva, entre 2003 y 2015.-
