La Justicia Federal juzga a 12 acusados de integrar una organización que habría operado una estructura clandestina para el ingreso de mercadería desde Bolivia. La investigación calculó movimientos económicos por más de $2.975 millones e identificó un tránsito aproximado de 300 vehículos diarios.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta comenzó este martes el juicio contra 12 personas acusadas de integrar una organización delictiva que facilitaba el contrabando de importación de mercadería, entre julio y agosto del año pasado. En el caso, interviene la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal Marcos Romero.
Los 12 imputados son señalados como miembros de una asociación ilícita, cada uno con funciones organizativas y de logística y como partícipes necesarios del delito de contrabando de mercadería, agravado por el número de intervinientes y por el monto por hechos cometidos en distintas fechas entre julio y agosto de 2025.
Se trata de José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Viriginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo.
Por este mismo caso, la fiscalía tiene otros tres imputados que fueron detenidos en fechas posteriores a la elevación a juicio del caso. Entre ellos, se encuentra el presunto jefe de la organización delictiva, detenido el 8 de agosto pasado en Bolivia.
EL DEBATE
Ante el tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, el fiscal Romero presentó la acusación contra cada uno de los imputados, surgida de una investigación preliminar iniciada el 26 de mayo del 2025 a partir de indicios vinculados a una actividad ilegal en la finca conocida por el nombre de “Carina”.
La propiedad está compuesta de dos catastros y está ubicada a dos kilómetros de de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50. La parte posterior desemboca en el río Bermejo, limite natural con Bolivia.
En su exposición, indicó que los acusados integraron un grupo organizado con permanencia en el tiempo, estabilidad y división de roles, y que su objetivo era el contrabando de importación de mercadería procedentes del país limítrofe, una actividad ilegal de la que se valieron para obtener “una importante ganancia económica”.
Sostuvo que, para lograr dicho cometido, los acusados montaron una “Aduana paralela” en la finca, dividida en dos parcelas. La primera comenzaba en la ruta 50 y había sido adquirida el 10 de febrero del 2025 por Gladys Salazar, que se la compró por 20 millones de pesos a su hermano, Alfredo.
La otra parte, en tanto, figura a nombre de Blanca Cortez, pero se encontraba desde hace años materialmente ocupada por la familia Cardozo. Este segundo inmueble era clave para la logística criminal, ya que posee contacto directo con la costa del río Bermejo, punto por el cual arribaban los gomones provenientes de Bolivia con la mercadería de contrabando.
ESTRUCTURA DELICTIVA
De acuerdo a lo expuesto por el fiscal, desde la costa se realizaba la carga inicial y luego los vehículos subían por el camino interno hasta el acceso a la ruta nacional. Ambos inmuebles están unidos por un camino que fue habilitado y mantenido clandestinamente por los acusados.
Sobre este escenario, la organización implementó una estructura ilícita que, entre otras actividades, contaba con puntos de cobros donde percibían un arancel por cada vehículo y por la cantidad de bultos transportados.
En base a la investigación, el representante del MPF explicó que se determinó un movimiento aproximado de trescientos vehículos por día y un ingreso económico diario cercano a los tres millones de pesos, provenientes exclusivamente de la actividad ilegal.
En el allanamiento realizado el año pasado, la Dirección General de Aduanas incautó mercaderías que habían ingresado ese mismo día. Foto: Gendarmería Nacional
En la exposición, mencionó un informe aportado por la División Aduana de Orán (ARCA-DGA), en el que se calculó que los movimientos económicos derivados de la mercadería ilegal que circulaba por la finca ascendían a $2.975.392.851,56.
Indicó luego que la organización delictiva operaba en subgrupos, cada uno con roles determinados que permitieron una actividad ilegal y que la fiscalía tuvo que desplegar una investigación minuciosa, con tareas de campo e inteligencia, para poder reunir las pruebas necesarias.
En ese marco, describió la labor del personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán de Gendarmería Nacional. Explicó que hubo intervenciones telefónicas y el uso de un “agente revelador”, quien fue clave para confirmar la actividad ilícita desplegada por los imputados.
Indicó entonces que fue el allanamiento del 4 de agosto pasado a la finca lo que detuvo el accionar de la organización. En ese procedimiento, se detuvo también a 11 de los imputados y se secuestraron numerosas evidencias, además de establecerse la clausura de la propiedad.
Concluido su alegato de apertura, las defensas realizaron los suyos, tras lo cual el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 29 de septiembre.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: EL TRIBUNO
