Los municipios solicitaron que se declare inconstitucional la resolución que modifica el comercio vecinal fronterizo. Advierten que las limitaciones afectan el empleo, las ventas y la recaudación municipal, y pidieron una medida cautelar para suspender su aplicación.
Los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza impulsan una acción de amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por las nuevas restricciones al Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo. El planteo solicita que la Justicia Federal de Salta declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución General 5910/2026 y restablezca las condiciones anteriores en ambos pasos fronterizos.
El escrito identifica como representantes de las comunas al interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y al intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza. La representación jurídica está a cargo del abogado Adrián Alejandro Albornoz.
La presentación cuestiona tres disposiciones centrales: el límite diario de 150 dólares por poblador para el egreso de mercaderías, la prohibición de sacar trigo, soja y maíz en todas sus formas y la exclusión de productos acondicionados en envases iguales o superiores a diez kilogramos o su equivalente en volumen.
Según sostienen los municipios, estas condiciones provocaron una paralización del comercio y perjudican tanto a los negocios establecidos como a quienes dependen del traslado de mercaderías para obtener ingresos. El documento advierte que sus consecuencias alcanzan a comerciantes, pequeñas empresas, estibadores, fleteros y transportistas.
Uno de los argumentos del amparo es que el intercambio fronterizo constituye una fuente de subsistencia consolidada durante décadas ante la falta de alternativas de empleo formal. En ese marco, las comunas cuestionan que se introduzcan restricciones sin contemplar la realidad económica y social de las poblaciones involucradas.
El escrito también defiende la situación de los trabajadores conocidos como “bagayeros” o “bolseros”, cuya actividad describe como una estrategia de autoempleo. A la vez, diferencia ese trabajo personal de las estructuras que explotan mano de obra ajena para desarrollar operaciones por fuera del régimen.
En el plano jurídico, los demandantes sostienen que ARCA excedió sus facultades de control al establecer prohibiciones de carácter económico que, según argumentan, corresponden a otras autoridades nacionales. También consideran que las medidas carecen de fundamentos técnicos suficientes y vulneran el derecho al trabajo y el principio de razonabilidad.
Otro eje del reclamo es el impacto sobre las finanzas municipales. Las comunas afirman que la caída de la actividad comercial reduce sus ingresos por tasas y tributos, mientras aumenta la necesidad de asistencia a las familias afectadas. Por eso, plantean que las restricciones también comprometen su autonomía financiera.
Como medida urgente, solicitaron una cautelar para suspender los efectos de la resolución y recuperar provisoriamente el régimen anterior mientras se tramita la causa. Argumentan que la demora puede profundizar la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de comercios y los conflictos sociales. El pedido aclara que mantener las condiciones previas no implica eliminar los controles aduaneros.
Para respaldar el planteo, solicitaron informes a ARCA sobre las operaciones registradas antes y después de los cambios, los volúmenes de mercadería y los procedimientos por infracciones. También requirieron información a las cámaras de comerciantes sobre los perjuicios económicos y a organismos nacionales sobre desempleo, pobreza y alternativas de reconversión laboral en la zona.
