Es la segunda pena que recibe el ex magistrado por hechos cometidos cuando era titular del Juzgado Federal de Orán. En este caso, recibió una pena de 5 años de prisión por un ardid que incluyó el pago de una coima y la actuación de un “doble” de Castedo, cuya situación procesal se favoreció.
El Tribunal Oral Federal 2, integrado por la jueza María Alejandra Cataldi (presidenta), Jorge Gamal Abdel Chamia y Mario Martínez, condenó hoy al ex juez federal, Raúl Reynoso a la pena de cinco años de prisión por considerarlo autor del delito de cohecho pasivo, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y concusión.
En el mismo fallo, los jueces rechazaron un planteo de nulidad interpuesto por la defensa del ex juez, a través del cual cuestionaba la constitución del tribunal de juicio. También se desechó un segundo recurso, por medio del cual pedía la prescripción del delito de concusión.
También fue condenado Delfín Castedo, a una pena de tres años de prisión, en calidad de coautor del delito de cohecho activo, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público en calidad de partícipe necesario.
Por último, el tribunal condenó al abogado Luciano Ciscato a la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional como coautor del delito de cohecho activo, en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público, en calidad de partícipe necesario.
La sentencia dictada fue destacada por el fiscal general, ya que, en una primera instancia, el TOF 2, integrado originalmente por los jueces Gabriela Catalano (presidenta), Domingo Batule y Abel Fleming, había decidido absolver a los tres acusados, en un juicio que comenzó el 10 de febrero de 2020 y concluyó el 18 de marzo de ese año, con el veredicto absolutorio.
Desde esa fecha, el Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general, inició un firme derrotero en busca de revertir dicha sentencia, siendo el primer paso la formalización de la impugnación, presentada el 13 de julio de 2020.
En función de ello, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como presidente y los doctores Javier Carbajo y Angela E. Ledesma como Vocales, analizaron el planteo del Ministerio Público Fiscal.
Un año después, el 6 de julio de 2021, los camaristas resolvieron, por mayoría, anular la absolución dispuesta en favor de Reynoso, Castedo y Ciscato, por lo que giró el expediente nuevamente al tribunal para que se dicte una nueva resolución.
En vista de ello, y en razón de planteos de excusación y retiro de uno de los jueces, cuyo fallo fue revertido, se dispuso constituir un nuevo tribunal, el que fue conformado con la jueza Cataldi, del TOF de Jujuy, acompañada de Abdle Chamia y Martínez. La primera se desempeña en TOF de Jujuy y los otros dos, en el TOF de La Rioja.
Así las cosas, el nuevo tribunal llevó adelante un nuevo debate, en función de los argumentos establecidos por la Sala IV de la Cámara de Casación, juicio que concluyó con una unánime y en coincidencia con los argumentos esgrimidos por la fiscalía.
EL CASO
La acusación impulsada contra los tres acusados surge de un hecho ocurrido el 5 de diciembre de 2013, cuando se concretó una maniobra dirigida a favorecer la situación procesal de Castedo con la falsificación de una supuesta declaración indagatoria tomada al capo narco, quien se habría hecho presente en el Juzgado Federal de Orán, cuando sobre el mismo pesaba un pedido de captura en su contra por su participación en el crimen de Liliana Ledesma.
A partir de esta acta falsificada, Castedo fue beneficiado por Reynoso con una exención de detención. Para la fiscalía, el narcotraficante, condenado a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos y a prisión perpetua por el crimen de Ledesma, nunca estuvo presente en el juzgado, sino que se utilizó un “doble”.
Según la hipótesis fiscal, En la ejecución de este ardid, por el cual Castedo pagó una importante coima, fue clave la intervención, tanto de Reynoso como de Ciscato, quien hacía de abogado defensor del narcotraficante. Esta maniobra, cabe resaltar, salió a luz a partir de investigaciones impulsadas por el fiscal general, Eduardo Villalba y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, en torno a un remanente de resoluciones dictadas por Reynoso, tildadas de sospechosas.
El ex juez, como se sabe, ya fue juzgado en un extenso debate llevado adelante entre fines de 2018 e inicios de 2019 por el Tribunal Oral Federal 1, que derivó en una condena de 13 años de cárcel para el ex juez por los delitos de concusión y prevaricato.
En el primer debate, el fiscal Amad calificó a Reynoso como “el director de una banda” y dijo que “había convertido el juzgado en Ducado, donde nada se hacía sin que él lo ordenara”. Explicó que, en febrero de 2007, cinco meses después del asesinato de Ledesma, el propio Reynoso solicitó la captura nacional e internacional de Castedo, en la que resaltó la relación del mismo con hechos del narcotráfico y con el asesinato de Ledesma.
“A esa fecha, todos sabían en Orán quién era Castedo, sin embargo, Reynoso intentó hacernos creer que no sabía nada de Castedo, que el día que se falsificó la declaración indagatoria nadie le avisó nada, que los empleados tampoco lo reconocieron a Castedo. Señores jueces, Reynoso mintió, porque está claro que en su juzgado nada se movía sin que él lo sepa”, sostuvo el fiscal general.-
