La Corte de Justicia de Salta resolvió aplicar un plan de contención del gasto público por el plazo de seis meses, en línea con las medidas impulsadas por el Gobierno provincial ante el actual contexto económico.
La decisión quedó formalizada en la Acordada 14627, publicada este miércoles 15 de abril de 2026 en el Boletín Oficial de la Provincia. Allí, el máximo tribunal salteño argumentó que la compleja situación económica nacional impacta de manera directa en la provincia y obliga a extremar los recaudos en la ejecución del gasto.
En ese marco, la Corte dispuso la no percepción de aumentos salariales para las juezas y los jueces del cuerpo durante los próximos seis meses. Según se consignó en la acordada, la medida busca acompañar el criterio de responsabilidad fiscal que ya había sido adoptado en escenarios similares.
Además, se estableció una serie de restricciones para todo el ámbito del Poder Judicial. Entre ellas, se ordenó restringir la compra y el consumo de insumos y bienes de uso a lo estrictamente indispensable para el funcionamiento del servicio de justicia.
También se recomendó a todas las dependencias judiciales reforzar el uso eficiente de energía eléctrica, gas y telefonía, con mayores controles y modernización de la tecnología aplicada.
Otro de los puntos centrales de la acordada es la suspensión de pasajes y viáticos, salvo en aquellos casos que estén estrictamente vinculados al servicio de justicia y cuya urgencia se encuentre debidamente acreditada.
A su vez, la Corte resolvió limitar los incrementos en contratos de alquiler de inmuebles y de servicios en general que estén vencidos o próximos a vencer y que deban renovarse. En la misma línea, se dispuso ajustar los cupos de horas de dedicación complementaria a la necesidad estricta del servicio.
La acordada también instruye al Área de Movilidad a extremar los controles y la optimización del gasto destinado al funcionamiento de la flota de vehículos oficiales.
En los fundamentos, la Corte recordó que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Decreto 206/2026, invitó a los otros poderes del Estado a adoptar medidas similares para contener el gasto público. Asimismo, señaló que el Poder Judicial ya venía sosteniendo una administración basada en criterios de austeridad y equilibrio presupuestario.
El documento indica además que, de acuerdo con un informe técnico de la Dirección de Administración, la aplicación de estas medidas permitirá generar un ahorro suficiente en las partidas del ejercicio vigente.
La acordada entrará en vigencia desde su publicación oficial y faculta a la Presidencia de la Corte a reglamentar excepciones y mecanismos de control para garantizar su cumplimiento.-
