El Gobierno salteño rechazó los recursos de reconsideración presentados por 103 agentes del sistema educativo, sancionados con cesantía por faltas injustificadas.
El Gobierno de Salta, a través del Decreto Nº 264 publicado este lunes en el Boletín Oficial, rechazó los recursos de reconsideración presentados por 103 agentes del Ministerio de Educación que fueron cesanteados en febrero por acumular más de diez inasistencias injustificadas durante 2023. Las autoridades sostuvieron que las sanciones fueron legítimas y respetaron el debido proceso.
El sumario administrativo había concluido en el Decreto Nº 20/2025, que aplicó la sanción máxima a los involucrados. Muchos de ellos integraban el grupo de docentes auto-convocados que realizaron una medida de fuerza en julio del 2023. Sin embargo, el Gobierno argumentó que dicha protesta careció de respaldo gremial legal, por lo que no correspondía justificar las ausencias.
Entre los recurrentes figuraron docentes que alegaron haber sido sancionados de forma arbitraria, sin pruebas, ni oportunidad de defensa. Otros argumentaron haber tenido pocas ausencias o presentaron justificaciones médicas. La administración desestimó todos los planteos tras analizar cada caso particular.
El decreto aclara que solo tres agentes interpusieron sus recursos fuera de término, por lo que fueron declarados inadmisibles. El resto fue rechazado tras verificarse, según el Ministerio de Educación y la Secretaría de Trabajo, que todos incurrieron en el mínimo exigido por el artículo 88 del Decreto Nº 4118/1997 para configurar la cesantía.
El Ejecutivo defendió la validez del procedimiento, afirmando que cada agente tuvo la oportunidad de ser oído y presentar pruebas, y que la decisión fue competencia exclusiva del Gobernador, tal como lo establece la Constitución Provincial. También citó jurisprudencia de la Corte Suprema para rechazar la legitimidad de las huelgas sin aval sindical.-
