Imputaron a Alfredo Olmedo por tentativa de contrabando de un avión

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En una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal Salta y celebrada hoy a la mañana, el juez federal de Garantías 2 Miguel Medina dio por formalizada la investigación penal sobre Alfredo Horacio Olmedo por el presunto delito de contrabando de importación agravado por el monto de la mercadería, en grado de tentativa.

La imputación penal fue requerida por el fiscal general Carlos Martín Amad, en el marco de actuaciones que se iniciaron el 13 de diciembre pasado, cuando la aeronave, un avión Piper Aircraft Inc, valuado en 1.469.00 dólares, aterrizó en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, en Salta, al mando del piloto Curt Edwar Arnspiger, perteneciente a la empresa Globe Aero.

Tras la identificación de rigor del acusado, Amad, junto a la auxiliar fiscal Paula Gallo, presentó el caso ante el magistrado. Explicó que el piloto de la nave, que llegó sin tripulación ni pasajeros, no presentó ante el personal de la Dirección de Aduanas la “Declaración General” que debe presentar todo avión extranjero, según lo establecido por el artículo 160 del Código Aduanero.

El piloto presentó documentación que establecía el plan de vuelo desde Fort Lauderdale Florida, en Estados Unidos, a Jamaica y desde allí a Colombia, sin contar en dichos papeles el registro que justificara su arribo en Salta.

El fiscal sostuvo que, ante esta situación, en el aeropuerto local se presentó Sebastián Boso como piloto del avión en territorio nacional y explicó que el avión era de importación para consumo. Y también lo hizo Rubén Delgado, contador de Olmedo, quien explicó que el empresario había adquirido la aeronave el 22 de agosto de 2020, a la vez que sostuvo que el traslado del avión estaba a cargo de Globe Aero.

También afirmó Amad no contar con la declaración formal que justifique la llegada de la nave en Salta, pues su aterrizaje fue solamente una escala técnica. Todo esto, relató el representante del Ministerio Público Fiscal, llevó a realizar distintas averiguaciones con organismos de contralor nacional, como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que informaron que se debía presentar una declaración general para el tramo Colombia-Perú- Argentina, documentación que no fue acreditada.

IRREGULARIDADES 

En vista de ello, Aduana informó la “omisión” de exhibir tal declaración, la falta de acreditación de normas de prevención sanitaria y la contravención de una Resolución Conjunta, entre otras irregularidades. Además, el fiscal resaltó que existía la idea de que por ser domingo y dado que sólo se trataba de una escala técnica, la aeronave no sería sometida a controles.

Como consecuencia de ello, y tras darle intervención a la fiscalía, se dispuso el secuestro del avión y se inició una investigación que aún se encuentra en curso. No obstante, se pudo establecer que efectivamente el avión fue adquirido por Olmedo, aunque en la documentación presentada posteriormente hacía responsable a la firma Globe Aero, que debía trasladar la aeronave al aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires, lo que quedó trunco al aterrizar en Salta, sin los papeles en regla.

Se entendió también que esta empresa ingresó en la operación para asumir el traslado de la aeronave, la cual debe ser considerada como “mercadería en tránsito”, pues aún resta que se cumplan los trámites de registración y obtención de matrícula local para su uso.

En ese sentido, el fiscal se mostró sorprendido por el hecho de que la Aduana, que exige la registración y demás trámites para el otorgamiento de la matrícula, se niegue a autorizar el traslado del avión de Salta a Buenos Aires para cumplir con dichos pasos legales.

Así consideró que, ante la ausencia de documentación y otras pruebas que evidencien que la operación comercial se hizo de manera legal, correspondía  formalizar la imputación penal contra Olmedo por el delito de contrabando de importación agravado por el monto de la mercadería, en grado de tentativa.

A fin de poder determinar la operación comercial, el fiscal solicitó un plazo de 90 días de investigación, tiempo necesario para reunir informes y agregar testimoniales de distintos funcionarios de los organismos de contralor respecto a si los trámites del caso se llevaron correctamente.-

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