Federico Sturzenegger diseña un plan para disolver decenas de organismos por decreto, apoyado en las facultades delegadas al Ejecutivo para “modificar o eliminar las competencias y funciones” de entes públicos.
El gobierno nacional trabaja sobre una serie de decretos para acelerar el posible cierre de alrededor de 60 organismos públicos, como parte de las iniciativas de reforma del Estado que recaen actualmente en la órbita del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario viene trabajando en esa dirección desde marzo, con la intención de reducir la estructura del organigrama estatal sin la necesidad de someterse a las voluntades del Congreso.
Si bien no está definida la nómina de los organismos a disolver ni el plazo puntual para su eliminación, la duración de las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo tras la sanción de la Ley Bases es de 12 meses, durante los cuales se “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los entes.
Desde Casa Rosada, argumentan que se trata de organismos cuyas funciones estarían “duplicadas”, y también arremeten contra la administración anterior por la supuesta creación de entes públicos concebidos para “crear cajas” o bien para “ubicar militantes”.
Sturzenegger encara dicha tarea en colaboración con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, junto a quienes lima detalles de el o los decretos en preparación.
Tal como lo determina el Mapa del Estado, el Sector Público Nacional (SPN) contiene 43 organismos desconcentrados y 73 descentralizados.
Uno de los organismos que se encuentra en el radar del Gobierno para su cierre es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi): de hecho, Manuel Adorni anticipó en febrero su cierre definitivo, que todavía no llegó a concretarse.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve) también entrarían en la lista de organismos sujetos a la desregulación.
A la reconocida Ley Hojarasca, marca distintiva del extitular del Banco Central, se le suma la tarea de hacer valer las facultades extraordinarias que posibilitan que el presidente Javier Milei pueda “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los entes.
Con la Ley Bases, quedaron fuera de alcance presidencial el CONICET, ANMAT, ANLIS, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA, SENASA, entre otros organismos.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: PERFIL
