La ministra de Seguridad denunció que la Casa Rosada y el Congreso habrían sido infiltrados con grabaciones clandestinas durante más de un año, y advirtió sobre la gravedad institucional del hecho.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó con dureza luego de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del Presidente, y denunció que se trata de una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo.
Según Bullrich, la Casa Rosada y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas que permanecieron ocultas durante más de un año y fueron difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral.
La ministra aseguró que esto no se trata de una simple filtración, sino de un ataque planificado a la democracia argentina, con todas sus etapas: la grabación, la espera prolongada y la difusión en el momento electoral, en lo que definió como una operación diseñada para intentar retroceder en los avances del país.
Bullrich recordó su experiencia durante el caso de Santiago Maldonado en 2017, cuando también era ministra de Seguridad. Aseguró que entonces se inventaron audios, testigos y una historia completa con el objetivo de dañar al gobierno, y señaló que ahora se estaría repitiendo el mismo método.
La funcionaria advirtió que el presunto espionaje afecta de manera inédita a dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, y que constituye un ataque frontal a la República. Señaló que el material fue obtenido de forma clandestina, reservado durante meses y difundido escalonadamente, como si fuera una extorsión política.
Además, acusó a sectores de la oposición de operar desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros, y de generar desconfianza, miedo y odio en la sociedad.
Bullrich también apuntó a ciertos periodistas, a quienes acusó de actuar como agentes partidarios encubiertos al difundir material manipulado con fines políticos. Afirmó que esta conducta constituye malicia real, tal como la reconoce la Corte Suprema de Justicia, y advirtió que el Gobierno actuará judicialmente.
“Tenemos un principio innegociable: quien comete un delito, paga las consecuencias. Nadie está por encima de la ley”, aseguró, reiterando que los responsables deberán responder ante la justicia si se confirman los delitos.
Finalmente, Bullrich destacó que la prioridad del Ejecutivo es proteger el normal funcionamiento del Estado. Señaló que ningún gobierno serio puede permanecer inactivo ante la posibilidad de que se haya espiado a funcionarios de primera línea, y remarcó la importancia de garantizar la seguridad y la estabilidad de las instituciones republicanas.
Con estas declaraciones, la ministra buscó reforzar la denuncia oficial y presentar la filtración de los audios como un ataque planificado con serias implicancias institucionales.-
