El juez federal Lino Mirabelli dictó el procesamiento del exdiputado por recibir 200.000 dólares vinculados a una red narco internacional.
El cerco judicial sobre la figura del exdiputado libertario José Luis Espert se cerró definitivamente en las últimas horas, cuando el magistrado federal de San Isidro dictó su procesamiento como presunto autor del delito de lavado de activos, acompañado por un millonario embargo de mil millones de pesos y la prohibición absoluta para abandonar el territorio nacional. La medida alcanza también a su entorno más cercano, en el marco de una investigación que expuso un complejo entramado de transferencias internacionales, empresas fachada y adquisiciones de bienes de alta gama vinculadas a una organización criminal transnacional.
La causa, impulsada originalmente por el fiscal federal Fernando Domínguez, puso bajo la lupa los doscientos mil dólares que el exlegislador recibió en el año 2020 a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por el empresario Fred Machado, quien se encuentra condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo de capitales. De acuerdo con la hipótesis fiscal, aquellos fondos ingresaron a una cuenta bancaria del dirigente en el exterior para luego ser sometidos a un circuito financiero que incluyó la colocación, la estratificación mediante distintas entidades bancarias y la integración final a través de la compra de un vehículo BMW, un automóvil Lexus valuado en ciento treinta mil dólares y la participación en un fideicomiso inmobiliario.
Para justificar el ingreso de ese caudal de dinero, el dirigente esgrimió un supuesto contrato de asesoramiento corporativo con una compañía minera de Guatemala denominada Minas del Pueblo. Sin embargo, la pesquisa desarticuló por completo esa coartada al comprobar que se trataba de una simulación: no existían registros migratorios de viajes del exdiputado a territorio guatemalteco ni indicios de que las minas mencionadas estuvieran operativas, lo que confirmó que la empresa funcionaba meramente como una pantalla destinada a facturar servicios que jamás fueron prestados.
El andamiaje delictivo requirió de piezas clave dentro de la estructura contable, lo que motivó también el procesamiento de su contador, Mariano Alejandro Cosentino, considerado partícipe necesario con un embargo de setecientos millones de pesos, y de la sociedad familiar Varianza SA, a la que se le fijó una cautelar patrimonial de quinientos millones. Según el expediente, dicha firma fue constituida semanas antes de la millonaria transferencia y apenas registró facturación durante dos meses, operando como un artificio contable para inflar ficticiamente los ingresos del imputado, maniobras que se complementaron con retiros de efectivo por ochenta mil dólares concretados de forma sospechosa poco después de iniciada la causa penal.
Este revés judicial consolida las medidas cautelares sobre el patrimonio del dirigente y profundiza la crisis política desatada a fines del año pasado, cuando los vínculos con la red de Machado lo obligaron a declinar su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Mientras la defensa intenta cuestionar la validez de la investigación y denuncia supuestos vicios procesales, la justicia federal avanza implacablemente sobre el rastro del dinero oscuro, dejando al descubierto los costados más turbios de una trama que sacude al escenario político nacional.-
FUENTE DE LA INFORMACÍÓN: LA NACIÓN
