El juez federal Gustavo Montoya lo imputó como presunto jefe de una asociación ilícita y ordenó su traslado al penal por dos meses. La defensa planteó problemas de salud, pero la fiscalía presentó documentación sobre su recuperación y fundamentó los riesgos de fuga y entorpecimiento.
Carlos Alfredo “Conejo” Martínez irá al penal de Villa Las Rosas. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso este jueves al mediodía su prisión preventiva por dos meses, después de formalizar la investigación contra el exintendente de Aguas Blancas como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo.
La decisión se tomó un día después de que Martínez se presentara en una comisaría de la Policía provincial en Orán. Permanecía prófugo desde el sábado, cuando Gendarmería Nacional realizó 32 allanamientos en los que fueron detenidos once presuntos integrantes de la organización.
Montoya ordenó su traslado al establecimiento del Servicio Penitenciario de Salta y fijó seis meses para la investigación. La hipótesis fiscal sostiene que la supuesta organización habría lavado dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.
PLANTEO MÉDICO
La defensa intentó evitar la medida con argumentos relacionados con la salud del exintendente, particularmente por intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Sin embargo, según informó el Ministerio Público Fiscal, la única certificación médica presentada tenía cuatro meses de antigüedad.
La fiscalía contrapuso documentación emitida por la clínica donde Martínez había sido tratado, que daba cuenta de una recuperación exitosa. Montoya hizo lugar al pedido de prisión preventiva y dispuso que fuera alojado en Villa Las Rosas.
En una causa provincial anterior, el exintendente había cumplido bajo prisión domiciliaria una condena de un año y dos meses de prisión efectiva por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Esa pena ya estaba cumplida cuando se realizaron los allanamientos del sábado.
RIESGO DE FUGA
Para fundamentar la detención, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que Martínez se había fugado antes de los procedimientos. El nuevo parte fiscal sostiene que contó con información previa sobre los allanamientos.
También mencionaron su facilidad para cruzar la frontera con Bolivia, su capacidad económica, la influencia que conserva en la zona por su paso por la intendencia y sus conexiones políticas.
A partir de esos elementos, la fiscalía sostuvo que existía una alta probabilidad de que volviera a escapar o entorpeciera la investigación. El magistrado acompañó esos argumentos al resolver la prisión preventiva.
ACUSACIÓN FEDERAL
En la audiencia participaron la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (Procunar NOA); Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de la Procunar; y Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los representantes fiscales expusieron la imputación, las evidencias reunidas y las funciones que atribuyen a Martínez dentro de la supuesta organización. Los argumentos fueron similares a los presentados el martes, cuando se formalizó la investigación contra los otros once acusados y se dictaron siete prisiones preventivas.
En aquella audiencia, la fiscalía sostuvo que la estructura habría utilizado empresas y contrataciones del municipio de Aguas Blancas como pantalla para introducir fondos ilícitos en el circuito económico legal. También atribuyó al exintendente la compra de votos para acceder al cargo en 2023 y afirmó que las actividades investigadas continuaron después de su salida de la intendencia, en septiembre de 2024.
COMO ERA LA OPERATORIA DELICTIVA
El juez Montoya mencionó escuchas telefónicas, seguimientos y tareas de campo autorizadas judicialmente durante una investigación de casi dos años. A esos elementos se suman los dispositivos y documentos secuestrados en los allanamientos, entre ellos 35 teléfonos celulares, computadoras y pendrives.
Barbuto explicó que el presunto circuito comprendía la colocación de fondos ilícitos, su circulación por distintas cuentas y empresas y su posterior retorno al patrimonio de los acusados con apariencia legal.
Los once acusados en la audiencia del martes son Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez, hijos del exintendente; Nancy Mirta Cordero, su exmujer; Tamara Tapia, su actual pareja; los contadores Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro; Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
La fiscalía atribuye a los contadores haber aportado conocimientos técnicos para bancarizar fondos e introducir bienes de origen ilícito en el circuito financiero. En la audiencia de este jueves, el juez también ubicó a Ruiz, conocido como “Oso”, dentro del equipo al que se atribuyen funciones contables.
Otro mecanismo investigado es el que se atribuye a Aragón Rodríguez: habría utilizado una carpintería como cobertura para desarrollar préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. De los once imputados, siete quedaron con prisión preventiva y cuatro en libertad con restricciones.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: EL TRIBUNO
