Tras un mes de estabilidad, el Gobierno nacional oficializó la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (CO2), provocando un aumento inmediato en los surtidores.
En medio de la guerra en Medio Oriente que tensó al límite la cadena energética global, Argentina intentó construir su propio refugio de previsibilidad. Con el barril Brent trepando por encima de los USD 110 y una volatilidad que no da respiro, las petroleras locales -con YPF a la cabeza- acordaron una tregua estratégica para estabilizar los precios de los combustibles por al menos 45 días. Sin embargo, este acuerdo nace con fecha de vencimiento y enfrenta riesgos crecientes ante un conflicto internacional más largo de lo previsto.
El principal desafío a la estabilidad proviene de la recaudación tributaria. Desde mayo, el Gobierno nacional decidió no postergar más la actualización de la carga tributaria que pesa sobre cada litro despachado. El ajuste abarca el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2), gravámenes aplicados como montos fijos que se trasladan de manera directa al precio final. Esta nueva imposición supone un incremento nominal de $11,035 para las naftas y de $10,325 para el gasoil en la Ciudad de Buenos Aires.
La consecuencia será el fin de la estabilidad de abril y una reconfiguración de la pizarra de precios de los surtidores. Según proyecciones sobre la estructura vigente, la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires superará $2.010 el litro, un valor que hasta el mes pasado se observaba principalmente en las provincias del interior. En el segmento más alto, las opciones premium ofrecidas por compañías como Shell o Axion escalarán hasta 2.390 pesos.
Este nuevo nivel de precios podría profundizar el contraste entre la producción y el consumo real, según los cálculos del tributarista Sebastián Domínguez.-
