El Gobierno provincial formalizó la asistencia por $259 mil millones, que será girada en tres etapas entre abril y junio. El acuerdo prevé devolución desde agosto con una tasa fija y habilita a la Nación a retener fondos de coparticipación en caso de incumplimiento.
El Gobierno de Salta oficializó la toma de un anticipo financiero por $259.000 millones otorgado por el Ministerio de Economía de la Nación, en un contexto de fuerte caída de los recursos por coparticipación que impacta de lleno en las cuentas provinciales y municipales.
La medida quedó establecida a través del Decreto Nº 243, publicado en el Boletín Oficial, donde se aprueba un Convenio Marco firmado entre ambas jurisdicciones. El acuerdo se inscribe en lo dispuesto por el Decreto Nacional Nº 219/2026, mediante el cual la Nación habilitó asistencia a provincias para cubrir necesidades financieras transitorias.
Según el documento, el desembolso se realizará en tres tramos: $120.000 millones durante abril, $60.000 millones en mayo y $79.000 millones en junio. Estos fondos buscan aliviar tensiones de caja en un escenario marcado por la caída de ingresos automáticos.
El convenio establece una tasa fija nominal anual del 15% y fija la devolución del capital en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026. Como garantía, la Nación podrá retener automáticamente fondos de la coparticipación federal que le correspondan a la provincia, siempre que no estén afectados a destinos específicos.
La decisión se produce en un momento delicado para Salta, donde la merma en la coparticipación viene golpeando con fuerza no solo a la administración central sino también a los municipios, que dependen en gran medida de esos recursos para su funcionamiento cotidiano.
En ese marco, el anticipo aparece como una herramienta para sostener el equilibrio financiero en el corto plazo, aunque implica un compromiso de devolución en los próximos meses en un escenario aún incierto en materia de ingresos.
El decreto lleva la firma del gobernador Gustavo Sáenz, junto al ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: EL TRIBUNO
