Gabriela Flores confirmó que utilizó el sistema de la Cámara de Diputados, lo que reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos.
Una controversia política se desató en el Congreso, tras la confesión de la diputada nacional por Salta de LLA, Gabriela Flores, quien reconoció públicamente que su hijo utilizó pasajes asignados por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
La admisión reavivó un debate latente: el uso de recursos estatales y la delgada línea que separa lo legal de lo ético en el ejercicio del poder público.
En una entrevista con FM Noticias, Flores explicó el mecanismo: los legisladores cuentan con un cupo de pasajes que pueden distribuir a discreción, incluso a terceros. Fue entonces cuando confirmó, sin ambages, que su hijo – estudiante de abogacía en Buenos Aires – había viajado en alguna ocasión utilizando esos pasajes. La imagen de un joven estudiante, volando con un pasaje financiado por el erario público, se proyectó rápidamente en la opinión pública.
“Eso no es un delito”, afirmó la legisladora, defendiendo la legalidad del sistema vigente, aunque sin poder evitar que la pregunta sobre la mesa fuera otra: ¿es moralmente aceptable?.
El régimen de pasajes del Congreso tiene como propósito original facilitar el cumplimiento de las tareas legislativas – traslados oficiales, actividades territoriales – pero su uso discrecional ha desatado polémicas recurrentes.
Los especialistas coinciden en que no se trata de algo ilegal pero sí ilegítimo, más aún si se tiene en cuenta la bandera de la ética pública con la que se alzó La Libertad Avanza.
En ausencia de una prohibición explícita, el uso de pasajes por parte de terceros podría no constituir un delito penal. Sin embargo, esta legalidad formal no garantiza la legitimidad del acto. La diferencia, sutil pero fundamental, reside en la finalidad del beneficio: recursos del Estado destinados al ejercicio de la función legislativa que, en este caso, habrían sido desviados hacia fines personales. Un gris legal que no logra ocultar un posible conflicto ético.
Sectores políticos y usuarios de redes sociales cuestionaron el uso de pasajes para familiares, calificándolo como un privilegio injustificado. La indignación popular se hizo sentir, evidenciando una creciente sensibilidad ante el uso de fondos públicos.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: ARIES ONLINE
