La resolución conjunta fue firmada por Gustavo Ferraris y Segura Alzogaray. Será elevada hoy a la Comisión Bicameral, con el dispendio de recursos detallado.
El informe final de la auditoría realizada sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH) se publicó ayer y será remitido hoy a la Comisión Bicameral, dejando traslucir un sinnúmero de presuntas irregularidades y un pavoroso dispendio de los recursos adquiridos en 2012 con un endeudamiento internacional de cerca de 200 millones de dólares. Un equipo con más 15 profesionales trabajó durante cinco años sobre el expediente a cargo del área a cargo del auditor general Marcos Segura Alzogaray. El informe provisorio, entregado en febrero último, encontró en el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, una dura disidencia.
Las primeras 48 del informe final expresan un mar de críticas al trabajo del equipo auditor. Las últimas veinte resumen la réplica Segura Alzogaray respecto a una auditoría tachada de superficial deficiente y desnaturalizada. En la defensa del trabajo, el auditor a cargo del área sostuvo que se llevó adelante una “auditoría financiera” y no una de “gestión”.
En la resolución conjunta, Ferraris sostiene su afirmación de que el equipo a cargo de la evaluación de las obras del FRH, no presentó un análisis específico respecto de la efectiva presencia y actuación de los inspectores de obra, la calidad y periodicidad de los informes técnicos, la trazabilidad entre partes diarios, mediciones y certificados, la intervención técnica en ampliaciones de plazo y redeterminaciones ni la actuación frente a paralizaciones prolongadas o desvíos contractuales.
Ratifica, desde la postura disidente, que no se analizó ni valoró adecuadamente los circuitos contables y presupuestarios aplicables a las registraciones efectuadas por los entes auditados.
Pone como ejemplo el pago que efectuó Cosaysa por cuenta y orden de la Provincia de $5.339.501 el 1 de marzo de 2013 a la contratista Mega SRL, en concepto de anticipo financiero de la obra de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de Pichanal y que recién el 31 de diciembre de ese año se registró en el curso de acción de la obra, pero como pagado al proveedor Cosaysa (Aguas del Norte).
El informe final de la Auditoria General de la Provincia detalla que, de igual manera, la afectación del gasto en la cuenta de las obras básicas y de pavimentación de la ruta provincial 54, no relevó en 2012 información veraz, ya que no representó en su totalidad avance físico, sino el pago de un anticipo financiero, por lo que se encontraba sobrevaluada en $ 36.164.334,92 (a valores de entonces).
EL 52% DE LAS OBRAS NO SE TERMINARON
Sobre las obras no terminadas, el informe final precisa que el universo auditado estuvo compuesto por 176 obras programadas, de las cuales solo 84 (el 48%) se finalizaron con el Fondo y 92 (el 52%) no se terminaron con los recursos contraídos con el endeudamiento internacional.
Remarca que, desde el punto de vista financiero, $251.822.368,44 se afectaron a obras terminadas con el financiamiento del Fondo (24%) y $796.196.889,44 (76%) fueron a obras que terminaron paralizadas, en curso por tiempo indeterminado o rescindidas sin cierre formal. “Cuando el desvío afecta a la mayoría del universo, la lógica técnica impone intensificar procedimientos, profundizar análisis causal y evaluar impacto financiero agregado”, insiste Ferraris en la resolución conjunta.
En cuanto a la verificación del cumplimiento de plazos, la aplicación de multas y el impacto en los costos, las primeras 48 páginas de la resolución, critican la insuficiencia del examen de los contratos de obras, especialmente de aquellas que terminaron paralizadas o rescindidas. Hacen notar que el equipo auditor fue “evasivo” en formular conclusiones específicas que permitirían vincular dichas situaciones con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la eventual responsabilidad de las partes intervinientes y impacto en la ejecución económica y financiera de las obras.
En este punto, fueron mencionadas las obras de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de San Ramón de la Nueva Orán y el recambio de redes (colectora máxima) incluidos en el FRH y contratados con la empresa Constructora Norte, con Cosaysa como unidad ejecutora. El contrato de la planta se firmó el 12 de noviembre de 2014 por un monto original de $37.139.324 (equivalentes a 4.369.332 dólares). La obra nunca se inició por falta de expropiación del terreno. No obstante, el 11 de diciembre de ese año se le pagó a la empresa un anticipo financiero equivalente a más de un millón de dólares. La expropiación se hizo en 2017 y el primer certificado de obra se emitió el 3 de mayo de 2018.
PAGOS DE ANTICIPOS DE HASTA CINCO AÑOS EN LAS OBRAS
En el informe final de la Auditoria también se citó como “caso crítico” a la obra de recambio de redes cloacales de la ciudad de Orán. El 29 de diciembre de 2014 se pagó a la empresa Constructora Norte un anticipo financiero por un valor equivalente a 293.178 dólares, mientras que el primer certificado de obra se registró recién el 16 de mayo de 2019, o sea 1.599 días después (casi 4 años y 4 meses).
Lo propio ocurrió con las redes cloacales y plantas de tratamiento programadas para Rivadavia y La Unión, cuya primera etapa fue adjudicada a través de Cosaysa a la empresa Eco Suelo. El 14 de mayo de 2014 se le pagó a esa contratista un anticipo financiero equivalente a 248.335 dólares. El primer certificado de obra se registró recién el 07 de septiembre de 2016, es decir 847 días después (aproximadamente 2 años y 4 meses).
En el caso de obras gestionadas por la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, la resolución conjunta de la AGP resalta que la mayor brecha de inmovilización y dispendio de recursos se dio en la obra de un gasoducto, estación reductora de presión y red domiciliaria de gas adjudicada a la empresa Mega. El 19 de noviembre de 2013 se pagó a esa contratista un anticipo financiero por un monto equivalente a 171.616 dólares, pero la primera certificación de obra se registró recién el 26 de mayo de 2015, o sea 553 días después (un año, 6 meses y 7 días).
En el informe final de la AGP quedaron expuestos desembolsos mayores en anticipos financieros con demoras de entre 5 y 9 meses para la primera certificación de obras. En ese apartado -y solo a modo de ejemplo- fueron descriptos los casos de la construcción de nueva toma de aducción del embalse El Limón y la ampliación de la planta potabilizadora del dique Itiyuro, por un monto equivalente a 2.272.415 dólares y una demora de 247 días en el inicio de obras; la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de Pichanal, por un monto equivalente a 1.057.326 dólares y 601 días de demora; el nuevo acceso urbano de avenida Güemes, Pichanal – Orán, por 512.333,97 dólares y una demora de 176 días en el primer certificado de obras.
ANTICIPOS SIN EJECUCIÓN
En la resolución conjunta de la Auditoría quedaron expuestos nueve casos, en relación al dispendio de los recursos del endeudamiento internacional.
Por las obras del nuevo centro de salud contratadas en el barrio Taranto de Orán se pagó el 2 de agosto de 2013 un anticipo financiero equivalente a 54.054 dólares, sin ejecución física alguna. Una igual situación se verificó en la contratación de las obras de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales de Hipólito Yrigoyen. El 31 de diciembre de 2013 se pagó un anticipo financiero equivalente a 300.399 dólares, sin que se certificaran posteriormente trabajos. Igual situación se detectó -entre otros caso citados- con los pozos de bombeo contratados en la zona de Solazuty (Orán) por Cosaysa, con un anticipo financiero equivalente a 71.280 dólares pagado el 31 de diciembre de 2013.
La devolución de esos fondos a la Provincia por parte de las contratistas se acordó a valores históricos, mientras que las redeterminaciones de precios a favor de las empresas se ajustaron en función de los índices inflacionarios.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: EL TRIBUNO
