El juez Amarante convocó a los directivos a pedido de ARCA. La querella documentó que la entidad disponía de millonarios fondos al mismo tiempo que omitía el pago de tributos. Hubo rechazo al intento de cerrar la causa.
En una resolución judicial que impone la prohibición de salida del país a todos los imputados, el titular del Juzgado Penal Económico N° 5, Diego Alejandro Amarante, citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia; al tesorero Pablo Ariel Toviggino; al director general Gustavo Roberto Lorenzo; al actual secretario general Cristian Ariel Malaspina y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.
Esta decisión se apoya en la gravedad de los hechos investigados y en la severidad de la pena en expectativa prevista en el artículo 55 del Código Penal. El magistrado ordenó comunicar la restricción migratoria a la Dirección Nacional de Migraciones y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) del Ministerio de Seguridad de la Nación. El cronograma de audiencias comenzará el 5 de marzo de 2026 con Tapia y los representantes legales de la asociación, continuará el 6 de marzo con Toviggino y Lorenzo, y finalizará el 9 de marzo con Blanco Rodríguez y Malaspina.
La medida obedece al requerimiento impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En su escrito, los abogados del organismo estatal, Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, detallaron que la entidad deportiva omitió depositar retenciones de tributos y recursos de la seguridad social por un total de más de 19.350 millones de pesos.
El perjuicio fiscal se configuró a través de diversos períodos fiscales ocurridos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, episodios que comprenden retenciones de SIRE-IVA, SICORE-Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. La querella encuadró las maniobras en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). El Estado sustentó su acusación con apoyo en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual establece que el ilícito se consuma en el momento preciso en que transcurren los 30 días posteriores al vencimiento del plazo legal estipulado para el depósito de los fondos de terceros.
