La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Garantías de Tartagal, luego de que el fiscal describiera que la propiedad, situada en Aguas Blancas, se había convertido en una playa de transferencia de mercadería de contrabando a través de gomones. Se estima que movían mercadería ilegal por 229 millones de pesos mensuales y que percibían una ganancia diaria de más de 3,5 millones, en concepto de cobros de peajes y otras expensas clandestinas.
A instancia de actuaciones preliminares conjuntas impulsadas por la Sede Descentralizada de Orán y la Fiscalía de Distrito de Salta, el fiscal federal Marcos Romero formalizó anteayer una investigación penal contra 11 personas -una de ellas, policía provincial-, a quienes se dictó la prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y contrabando de importación, agravado por el número de intervinientes y por superar el valor en plaza de la mercadería, por maniobras que se perpetraban a través de un paso clandestino que funcionaba en una finca de la localidad fronteriza de Aguas Blancas.
La formalización del caso fue realizada ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, quien intervino en carácter de interina del Juzgado Federal de Garantías de Orán.
Las personas imputadas son José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. La imputación de esta última fue agravada por su calidad de funcionaria pública, pues se desempeña como policía provincial.
La jueza autorizó medidas probatorias, como los peritajes a teléfonos celulares secuestrados, dictó la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso la clausura -con consigna permanente por parte de la Gendarmería Nacional- de la finca de Aguas Blancas desde donde se concretaban las maniobras de contrabando.
Al presentar el caso, el fiscal sostuvo que las tareas investigativas se iniciaron el 26 de mayo pasado de oficio a partir de una información que daba cuenta del comercio ilegal en la finca “Karina”, ubicada a dos kilómetros del ejido urbano de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50.
El representante del MPF señaló que a la propiedad -compuesta de dos matrículas catastrales- se puede acceder desde la ruta y que, tras recorrer un camino rural de corta distancia, se llega hasta la margen argentina del río Bermejo, cuya playa estaba acondicionada para el arribo de gomones que cruzaban desde Bolivia con mercadería de todo tipo, incluso automóviles. En efecto, señaló, los medios de comunicación retrataron el paso de una camioneta.
La importante actividad de comercial de contrabando, tanto de importación como de exportación, fue determinada a partir de las pesquisas de la Fiscalía de Distrito, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, que fueron acumuladas al caso.
Romero explicó que, ante este panorama, la fiscalía inició tareas de campo con personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán, dependiente de la Gendarmería Nacional. Pudo establecer que la propiedad estaba compuesta por dos catastros, uno de los cuales se denomina “Karina”, con la imputada Gladis Salazar como adquirente desde febrero pasado.
Añadió que el segundo, ubicado hacia la playa del río, está a nombre de Blanca Cortez, fallecida y en proceso de sucesión, con un litigio por prescripción adquisitiva iniciada por José Cardozo, padre de los tres hermanos imputados.
GANANCIAS MILLONARIAS
Romero explicó que entre los principales responsables se identificó a Alfredo Salazar, hermano de Gladis, quien fue registrada como dueña del lugar tras comprársela a su hermano por la suma de 20 millones de pesos, sin que su perfil financiero y patrimonial justificara una operación de esa envergadura.
La detención de aquel, quien posee residencia en Bolivia y está imputado de operar con el envío de mercadería ilegal, no se pudo concretar. También están pendientes las detenciones de otras personas imputadas.
Romero expuso que la administración de esta actividad ilegal desde Argentina estaba en manos de Suárez, quien junto a la familia Cardozo y Rivero principalmente supervisaban el ingreso de los vehículos que llegaban desde la ruta hasta la playa del río para cruzar hacia Bolivia, comprar mercadería y regresar. Explicó que, en menor proporción, en tanto, se despachaba mercadería hacia el vecino país.
El fiscal marcó que este corredor clandestino dejaba importantes ganancias a los acusados, que había instalado dos puntos de cobro: uno en el acceso a la finca, por un valor de 2 mil pesos por cada vehículo que ingresaba, mientras que en la playa se debían pagar mil pesos por bulto de mercadería ingresada de contrabando. A esto se le sumaban las ganancias por los puestos de comida regenteados por los imputados.
Para dar cuenta del movimiento, el fiscal indicó que por cada vehículo ingresaba un promedio de diez bultos de mercadería y que, por día, 300 rodados entran a la finca en busca de mercancía, a la vez que se acreditó que dentro del predio existían seis puestos de comida, cuyos dueños debían pagar 20 mil pesos por día para su explotación.
En tal sentido, calculó que por día se recaudaba una suma de 3.720.000 pesos, con excepción del domingo, que estaba cerrado. En materia del valor en plaza de la mercadería ingresada de contrabando, el fiscal hizo alusión a un reporte confeccionado al respecto por personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Ese informe estipula que los movimientos económicos que se producen en la finca, a raíz de la mercadería ilegal que pasa por esa propiedad, en el periodo de un año, ascendería a casi 3 mil millones de pesos (concretamente, $2.975.392.851,56), con un promedio mensual de casi 229 millones de pesos.
Por otra parte, el fiscal consideró confirmada la actividad ilegal desplegada por los imputados con las evidencias obtenidas a partir de la intervención de un agente revelador, dispuesto en el marco de las actuaciones iniciadas por la Fiscalía de Distrito.
Para dar cuenta del flujo de vehículos, el representante del MPF presentó en la audiencia un video grabado por un dron días antes de la detención de las personas imputadas, en el que se puede ver de manera nítida el recorrido de la finca y, en especial, la gran cantidad de vehículos estacionados en la playa del río, mientras lo gomones van y vienen desde Bolivia.
Recordó que, con estas evidencias, solicitó al juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la autorización para allanar la finca y otras dos viviendas localizadas Orán con el objetivo de detener a las y los implicados, medida que se concretó el lunes 4 de agosto pasado.
LOS ALLANAMIENTOS Y LA RESOLUCIÓN DEL CASO
Romero indicó que se dispuso una comisión mixta de alrededor de 170 efectivos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, de las policías Federal y de la provincia de Salta y de personal de la DGA y de ARCA. Señaló que, al llegar a uno de los puntos de cobro, se dieron con la imputada Tintilay, quien reconoció ser policía de la Subcomisaría 9 de Julio, con asiento en Orán.
Tras la descripción de los hechos y la mención de las pruebas, Romero requirió los peritajes de los teléfonos celulares y pidió que se dispusiera la prisión preventiva de las personas imputadas, pues argumentó que existen latentes riesgos de fuga y entorpecimiento procesal de su parte.
El fiscal resaltó la gravedad del hecho, el daño en perjuicio del Estado y de la comunidad, y la imposibilidad de que las personas imputadas puedan acceder, por el delito que se les imputa, a un régimen de prisión condicional. Respecto a algunos de ellos, como los casos de Rivero y Salazar, indicó que demostraron una conducta contraria al accionar de la justicia, pues se deshicieron de sus teléfonos celulares, que estaban intervenidos.
Por último, el fiscal solicitó la clausura de la finca y la instalación de una consigna fija por parte de la Gendarmería Nacional, pues la actividad ilegal de contrabando no cesa en esa localidad, por lo que calificó de necesaria la medida no sólo para evitar aquel delito, sino para prevenir otros hechos, como asaltos.
Las defensas, por su parte, no objetaron la formalización de las imputaciones, aunque sí cuestionaron la prisión preventiva.
Al momento de resolver, la jueza se pronunció en línea con los planteos de la fiscalía, pues hizo lugar a la formalización del caso y rechazó las oposiciones de las defensas a la prisión preventiva y al cierre de la finca.-
