Sancionada la ley, Salud prepara la herramientas para cobrar las deudas. Es por los afiliados que se atienden en los hospitales públicos de Salta.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció los avances que viene realizando el Gobierno de Salta para el recupero de los costos hospitalarios que se generan a raíz de la atención a pacientes con cobertura social en el sistema sanitario público. El foco está puesto especialmente en las deudas acumuladas por parte de las obras sociales, que según el funcionario, representan un perjuicio millonario para la provincia.
Mangione advirtió que sigue creciendo la demanda de atención en hospitales públicos por parte de personas que cuentan con obra social, pero que, por distintos motivos, no reciben respuesta en el sistema privado o directamente no son contenidas por su cobertura. “Estos pacientes, al no recibir una atención adecuada de su obra social o al no ser absorbidos por las clínicas privadas, terminan recurriendo al sistema público, utilizando recursos que están destinados principalmente a los vecinos que no pueden pagar una cobertura”, explicó el titular de la cartera sanitaria. En ese sentido, remarcó que esta situación impacta directamente sobre los insumos y los recursos humanos, generando una sobrecarga en hospitales y centros de salud del Estado.
“La provincia y el país están atravesando una situación crítica que es de público conocimiento. Nosotros, desde el Ministerio, estamos encarando gestiones que nunca se hicieron antes, con el objetivo de mejorar la cobranza de lo que nos deben las obras sociales. Calculamos que perdemos entre 60 mil y 80 mil millones de pesos al año por servicios que prestamos y que no son abonados. Esa cifra es enorme, representa un daño concreto para el sistema de salud pública”, agregó Mangione, subrayando la gravedad del problema y la necesidad urgente de encontrar soluciones estructurales.
Con ese objetivo, el Ministerio está en pleno proceso de armado de un sistema propio de cobro. Según explicó Mangione, se trabaja con un equipo de abogados que comenzará a tomar acciones formales para gestionar el recupero de los fondos. “Si no logramos cobrar por las vías administrativas, vamos a proceder directamente al embargo de cuentas bancarias. Haremos lo que sea necesario, porque esto es dinero de todos los salteños. No podemos permitir que el sistema público siga absorbiendo una demanda que no le corresponde sin una compensación económica justa”, señaló.
Además, los equipos técnicos del Ministerio estiman que el pasivo real de las obras sociales podría ser aún mayor, alcanzando incluso los 100 mil millones de pesos anuales. Esa cifra, según Mangione, podría representar casi el 80% del presupuesto del sistema de salud pública. En este sentido, reiteró que no es justo ni viable que los recursos destinados a los sectores más vulnerables se usen para cubrir las obligaciones que deberían afrontar las obras sociales. “Hoy por hoy, aumentó entre un 45 y un 50% la atención a personas con cobertura en los hospitales públicos. Y muchas de esas personas eligen el hospital porque en las clínicas se les cobra un plus. ¿Por qué sucede eso? Porque las obras sociales no están pagando, ni a nosotros ni al sector privado”, explicó.
En el caso del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), Mangione hizo una diferenciación. “El IPS es un caso aparte”, aclaró. Actualmente, esa obra social se encuentra intervenida, y se está llevando a cabo un proceso para revisar posibles irregularidades como sobrefacturación o deficiencias en los controles. “Ya me reuní con el interventor para ver cómo sanear la deuda que también tienen con el sistema público. Pero no es solo el IPS: el PAMI también es un problema.
Han cambiado las autoridades y estamos esperando que eso se traduzca en una mejora, especialmente en los tiempos de pago. Porque entendemos que la salud no puede esperar”, enfatizó.
En paralelo, la semana pasada la Cámara de Diputados provincial aprobó una ley clave para el recupero de los costos sanitarios por prestaciones realizadas a afiliados a obras sociales en hospitales públicos. La norma, que ahora pasó al Ejecutivo para su promulgación, prevé que, en caso de incumplimiento de pago, y vencido el plazo de 60 días, se emita un certificado de deuda para iniciar el cobro por vía judicial. Con esta herramienta legal se busca no solo recuperar una deuda millonaria, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. “El paso siguiente será la promulgación. Después nos tocará a nosotros poner en funcionamiento la ley. Pero ya es un logro inmenso, es un avance importantísimo para el sistema de salud. Este Ministerio va a crear una oficina específica dedicada al recupero: una estructura nueva formada por contadores, médicos y abogados que se encargue exclusivamente de esta tarea”, detalló Mangione.
A fines del año pasado, los gerentes de los principales centros de salud de la provincia advirtieron que el porcentaje de pacientes con cobertura social atendidos en hospitales públicos ronda el 40%. Así lo señaló Pablo Salomón, director del hospital San Bernardo. En tanto, Marcelo Nallar, responsable del hospital Arturo Oñativia, estimó una cifra similar. Y en el hospital Del Milagro, su director José Soto Ruiz indicó que ese porcentaje ronda el 30%.
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: EL TRIBUNO
