Mangione endurece la postura frente a la situación: “Vamos a embargar las cuentas bancarias”. Se busca el recupero de los costos que el sistema público afronta por atender a pacientes con cobertura de salud.
La Provincia comenzó a ejecutar demandas judiciales y avanzará con embargos a las cuentas bancarias de las obras sociales que mantienen deudas millonarias con el sistema público de Salud. La medida busca garantizar el recupero de los costos que el Estado provincial afronta por atender a pacientes que, pese a contar con cobertura de salud, recurren a los hospitales públicos debido a la falta de pagos en las clínicas privadas. Así lo confirmó por Radio Salta el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
“Ya hemos comenzado con las demandas judiciales. Primero enviamos cartas documento, pero ahora directamente vamos a trabajar en los embargos sobre las cuentas bancarias de cada obra social”, señaló Mangione. La medida se da en el marco de la reciente ley que permite a la provincia reclamar esos pagos. “Podíamos hacerlo antes, pero estábamos en otra etapa política”, sostuvo el funcionario.
Según el ministro, el sistema de salud provincial deja de facturar alrededor de $100 mil millones anuales por servicios prestados a afiliados de obras sociales. Mangione remarcó que se están implementando herramientas digitales como SAFESA -historia clínica digital- que permitirá mejorar la facturación y recuperar los costos de cada atención médica en los hospitales de la provincia.
“Queremos hacer el recupero de costos como corresponde porque la verdad es que no es un número menor. Estamos utilizando insumos destinados a personas carenciadas para atender a pacientes que tienen obra social y que deberían estar siendo atendidos por el sistema privado”, explicó.
Entre las obras sociales más morosas, Mangione destacó el caso de Osprera, que brinda cobertura a trabajadores rurales. “Quedamos en arreglar, pero seguimos con promesas que no se cumplen”, criticó el ministro.
El titular de la cartera de Salud también se refirió al impacto de la crisis económica en la demanda del sistema público. Según sus datos, entre el 40% y el 45% de las personas que se atienden en hospitales públicos tienen obra social, lo que sobrecarga aún más la capacidad del Estado.
“Ese porcentaje no bajó, sino que sigue aumentando. Es preocupante porque significa que las obras sociales no están pagando a la parte privada, entonces sus afiliados terminan en el hospital público”, explicó. El ministro fue enfático al señalar que el sistema público de salud no puede rechazar a esos pacientes, pero destacó que se trata de un perjuicio importante para los sectores más vulnerables que dependen del sistema estatal.
“Estamos utilizando recursos que son para personas que no tienen nada. Tengo que reponer esos insumos porque mi presupuesto está preparado para eso. Por algo cada obra social tiene un presupuesto”, concluyó Mangione, anticipando que la Provincia continuará firme con las acciones legales.-
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: EL TRIBUNO
